Jaime GUERRERO
Ante el creciente número de muertes y daños graves por procedimientos estéticos realizados en clínicas irregulares, la diputada morenista Haydeé Irma Reyes Soto presentó una iniciativa que endurece el Código Penal de Oaxaca y plantea penas de prisión de hasta 8 años para quien realice cirugías plásticas sin especialidad ni certificación.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud estatal, en Oaxaca operan 3,526 establecimientos que se anuncian en redes sociales ofreciendo medicina estética, pero la mayoría carece de autorización sanitaria.
De ellos, 150 clínicas han sido identificadas como “patito”, es decir, funcionan sin permisos, sin médicos certificados y sin infraestructura adecuada.
En lo que va de 2024, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (CEAMO) registró seis quejas formales por cirugías estéticas fallidas, entre ellas el deceso de una mujer joven tras someterse a una lipoescultura realizada por un supuesto médico que no era cirujano plástico ni contaba con certificación alguna.
“No quiero pensar cuántas personas no llegaron a denunciar”, advirtió la legisladora en tribuna.
Las nuevas penas que se proponen en el Código Penal de Oaxaca, destaca la iniciativa que adiciona los artículos 221 Bis, 221 Ter, 221 Quáter y 233 Bis y establece de 4 a 8 años de prisión + multa por realizar cirugías estéticas sin contar con especialidad ni certificación.
Por ejecutar procedimientos quirúrgicos innecesarios. Simular intervenciones sin autorización del paciente (salvo urgencias). Poner en riesgo la vida o la integridad funcional de las personas.
Aplicar 2 a 6 años de prisión y multa por ejercer la medicina sin título profesional o autorización. De 1 a 4 años de prisión más multa por anunciar o promocionar servicios estéticos atribuyéndose títulos, certificaciones o autorizaciones falsas.
A nivel federal, la Cofepris suspendió 283 clínicas estéticas entre 2013 y 2022 por operar sin licencias, con personal no calificado o en condiciones insalubres.
Además, emitió una alerta sanitaria contra falsas “maestrías en cirugía estética” impartidas por instituciones no reconocidas, cuyos egresados han estado involucrados en casos graves y fallecimientos.
La diputada advirtió que el crecimiento descontrolado de este mercado pone en riesgo a miles de personas. “Estamos hablando de más de 3 mil clínicas y de que al menos el 5% —157— operan sin regulación. Es un fraude para la ciudadanía y un riesgo de salud pública”, señaló.
La iniciativa también reforma la Ley del Ejercicio Profesional y la Ley Estatal de Salud para exigir certificación vigente y especialidad legalmente expedida para practicar cirugía plástica y procedimientos estéticos.
Prohibir expresamente realizar estos procedimientos en salones de belleza, peluquerías o establecimientos no autorizados.
Reyes soto, destacó que también se hace obligatorio el consentimiento informado por escrito, y en caso de menores de edad, la autorización firmada de padres o tutores.
Facilitar que cualquier ciudadano pueda denunciar clínicas y prácticas irregulares.
“Si no reforzamos la ley hoy, mañana podríamos lamentar la muerte de otra joven por la ausencia de regulación. Esta iniciativa es una obligación ética y de salud pública”, concluyó la diputada Reyes Soto.
En la víspera, el gobernador del estado. Salomón Jara Cruz y la Secretaría de Salud ya han reconocido públicamente la gravedad del problema y solicitaron al Congreso local actuar de inmediato. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual aprobación.
