Oaxaca.- Todas las personas estamos expuestas a hechos de violencia que se pueden convertir en situaciones de delito y derivar en procesos jurídicos y transgresiones a los derechos humanos que fragmentan o anulan proyectos de vida e incluso influyen en actos de suicidio; por ello, desde la función pública se debe trabajar a favor de la víctima y generar una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Lo anterior quedó establecido en la mesa de diálogo Sensibilización de la función pública a la luz del Poder Judicial en la implementación de la Ley General de Víctimas, en la que intervinieron la visitadora adjunta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ivonne Parache Reyes; el magistrado integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Fernando Enrique Méndez Ortega y la jueza Yadira Saavedra López.
En su participación, la funcionaria de la CNDH indicó que la víctima requiere ser atendida no como un número, carpeta o sentencia, sino como una persona que siente, piensa y transforma la realidad; por lo que consideró necesario cambiar el planteamiento de los sistemas asistenciales a quienes han sido afectados por un hecho delictivo, con educación para la paz, como se encuentra establecido en la ley que dio origen a la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
“Romper con ciclos viciosos de violencia reproductores de estereotipos que fracturan la integridad humana para evitar la revictimización, es una responsabilidad conjunta de servidores públicos del ámbito federal, local y municipal, de esa manera es posible finalizar con actos que hieren las emociones de las personas y reconocer los derechos humanos de víctimas directas o indirectas en un proceso”, dijo.
Por su parte, el magistrado integrante de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Enrique Méndez Ortega, detalló que a partir de la Reforma de 2011 en el artículo primero constitucional, se han generado instrumentos legales en el país y los estados, enfocados a promover, respetar, garantizar y proteger estos derechos, y con ello tener un mayor acceso a la justicia.
Informó que a partir de estos cambios en la ley, surgió en Oaxaca la Sala Constitucional que a través de una atención integral a la víctima, está facultada para intervenir en caso de que no se cumplan las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a través de un juicio para la protección a los derechos humanos, cuya finalidad es salvaguardar y regular el proceso de reparación a la violación a estos derechos.
Por su parte, ante servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura, el DIF Oaxaca y de la CNDH, la jueza Yadira Saavedra López reconoció el interés de las instituciones por fortalecer acciones que consideren a la víctima como personas durante los procesos penales.
En Oaxaca, como parte de los cambios establecidos con la implementación del sistema de justicia acusatorio y la creación de la nueva Ley de Atención a Víctimas del Estado, se creará un registro estatal de víctimas, con la finalidad de integrar un estricto y efectivo control de las personas que han sido afectadas por un hecho delictivo.
(A partir de este viernes 30 de octubre, faltan 232 días para terminar la implementación del Sistema Penal Acusatorio en México).
