Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- No es el espacio físico ni las paredes, es el patrimonio cultural y la historia de un pueblo de más de 100 años los que triunfaron con la reciente resolución a favor de un amparo promovido hace dos años -2023- por el pueblo zapoteca de Ranchu Gubiña, como se le llama al municipio de Unión Hidalgo, Oaxaca y el acompañamiento jurídico de Regalado & Galindo Abogados -R&G-.
La sentencia de amparo emitida el pasado 24 de abril reconoce no sólo un derecho colectivo, sino intergeneracional, sobre el valor histórico y cultural de “La Estación”, inaugurada desde la época Porfiriana, y ordena a autoridades de los tres niveles de gobierno a reconstruir el edificio histórico de “La Estación” para fines culturales.
“Es la primera vez que obtenemos un triunfo de un amparo referente al patrimonio cultural”, dice con mucho orgullo Edward Martín Regalado, hijo de Ranchu Gubiña y representante de Regalado y Galindo, quien refiere que un juicio de amparo es un instrumento eficaz y poderoso, a veces no tan expedito, que obliga legalmente a cualquier autoridad de cualquier nivel a cumplir con el amparo.
Edward M. Regalado considera que Unión Hidalgo se ha vuelto un referente en el tema de amparos como instrumento para hacer justiciable sus derechos humanos, y así lo confirma este último juicio constitucional que reconoce el derecho de la comunidad al patrimonio cultural zapoteca y que obliga a las autoridades a construir un espacio cultural en la comunidad y a incluirlo en el catálogo de patrimonios culturales de Oaxaca, así como a inyectarle recursos para su funcionamiento.
Este amparo fue promovido pro-bono desde el año 2023, antes de la reconfiguración de la línea K del FFCC del Istmo, firmado por más de mil habitantes de Ranchu Gubiña y con la colaboración de Edgar Martín, defensor de derechos humanos.
El letrado recordó que desafortunadamente la autoridad local tras el sismo de 2017 que afectó el 90 por ciento de las viviendas en la comunidad, destruyó —en lugar de reconstruir— el inmueble llamado “La estación”, supuestamente porque representaba un peligro en la comunidad, omitiendo que se trataba de un edificio catalogado como patrimonio cultural construido desde la época del Porfiriato.
“Un patrimonio cultural abarca lo tangible e intangible, y en el cual subyace un derecho colectivo intergeneracional. Además, es importante no normalizar los espacios culturales que tenemos, los cuales no se reducen a su constitución material, sino a toda la historia y cultura que representan”, señaló el abogado.
El jurista recalcó que, con el amparo promovido y ahora ganado, lo que se exige es “la recuperación de un espacio cultural e histórico”, derribado indebidamente por la autoridad municipal, pero que debe reconstruirse para el bienestar cultural y patrimonial de la comunidad indígena.
Dijo, que esto implica que la presidenta de la República, el INAH, la Secretaría de Cultura federal y la SHCP financien la construcción, con la correspondiente inclusión en el catálogo de patrimonios históricos y culturales, y que el gobernador, a través de la Secretaría de Cultura estatal, elabore y ejecute el proyecto de reconstrucción, para que de la mano con el pueblo coordinen su operación.
Edward M. Regalado enfatizó que muy probablemente, como ha ocurrido con los cientos de amparos pro bono que ha ganado R & G, el Gobierno Federal impugnará esta sentencia y habrá que esperar su resolución final.
Finalmente, en caso de impugnación, Regalado confía que en la última instancia, la resolución sea favorable, aunque es importante vislumbrar desde ahora que este amparo constituye un precedente valioso en la región para hacer justiciable el derecho humano de las generaciones presentes y futuras al patrimonio cultural indígena.
