Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que el reto para cualquier proceso electoral es comenzar a aplicar con mayor conocimiento las disposiciones de los Tratados internacionales y las resoluciones de los tribunales internacionales.
De cara a las elecciones presidenciales del 2018, González Oropeza destacó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tratado de aplicar estos criterios internacionales y, gracias a ello, se ha podido proteger los derechos políticos de los indígenas, que en ocasiones la ley mexicana no les reconoce plenamente.
En ese sentido, explicó que los tribunales electorales tienen un compromiso jurídico con la comunidad internacional que deviene del artículo 133 constitucional: “Los tratados son Ley Suprema de la Unión y los jueces de cada estado deberán implementarlos como tal sin importar las disposiciones en contra de las constituciones o leyes estatales.
“Muchas de las resoluciones del Tribunal están inspiradas, no en la legislación o en la Constitución, porque son omisas respecto de algunos puntos, sino que se ha vuelto a los orígenes, al ámbito internacional”, dijo.
El Magistrado aseguró que los tribunales electorales deben persuadir, argumentar y razonar en caso de conflicto para poder impactar en la sociedad al momento de resolver casos concretos.
“La argumentación pude ser de tal manera razonable, que el legislador puede tenerla como válida para reformar la ley en el mismo sentido que se reforma una tesis de un tribunal”. Por ello, dijo que los tribunales aportan criterios a los legisladores para la creación de las leyes.
Explicó que la reforma electoral de 2014 convirtió lo electoral en una materia legislativa concurrente, ya que antes de 2014 había dos ámbitos de competencia en la distribución legislativa–electoral: el federal y el local. “Después de la reforma ahora es una autoridad la encargada de organizar las elecciones a nivel local y federal”.
En cuanto a la paridad de género, el Magistrado destacó que después de la reforma de 2014 se logró una igualdad de oportunidades en la participación política tanto de mujeres como de hombres, “ya el electorado define quienes llegan o no”, expresó.
Al respecto, comentó que cuando el Tribunal Electoral resuelve controversias en materia de paridad de género, interpreta la constitución y las leyes para lograr equidad y justicia, “lo que muchas veces no genera popularidad”, pero en el fondo el Tribunal cumple su obligación de garantizar los derechos políticos de todos.
En tanto, González Oropeza señaló la ausencia de un sistema de responsabilidades para servidores públicos de todos los niveles.
Comentó que el artículo 134 constitucional sólo habla de autoridades y servidores públicos; y hay figuras públicas que pueden tergiversar la equidad en la contienda electoral, disminuir la imparcialidad y equidad al emitir algún pronunciamiento.
“El 134 no debe ser visto como una disposición de sanción, debe ser visto como una disposición para garantizar el principio de equidad, la igualdad de condiciones. En él se reduce la libertad electoral”, dijo.
