Jaime GUERRERO
Oaxaca, Oax. (página3.mx).- EL Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, calificó como retrograda y discriminatoria la reforma a la ley orgánica municipal porque se convierte en una contra reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO) y pone candados a la libre de determinación de los pueblos indígenas que se rigen por Sistemas Normativos Internos, para revocar anticipadamente los mandatos de los ediles que incurran anomalías e ilegalidades.
“Veo el panorama adverso y retrograda pues aun conociendo la historia de subordinación, desigualdad y discriminación que les han impuesto a las comunidades indígenas”, asestó.
De acuerdo al diputado local, las principales fuerzas políticas, privilegiaron los pactos políticos y los intereses inmediatos a la gran deuda y obligación de legislar para las pueblos y comunidades indígenas.
Martínez Ramírez, refirió que en días pasados celebró la aprobación de la Reforma Constitucional en materia Político Electoral que dio el reconocimiento normativo de los pueblos y comunidades indígenas así como del pueblo Afromexicano de Oaxaca, respecto de sus formas internas de elección bajo los sistemas normativos indígenas.
“En dicha reforma se lograron avances sustanciales que de nuevo ponían a nuestro estado como referente Nacional en el reconocimiento y legislación respeto de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas”, apuntó.
Sin embargo, en la sesión del pasado 14 de agosto, dijo, vimos concretarse una alianza política que por encima de todo antepone intereses de grupo y ambiciones personales, en detrimento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
La reforma a la ley orgánica municipal, dijo que es regresiva y a toda luz inconstitucional, con la cual se deja sin efecto el derecho reconocido a los pueblos indígenas de acordar en Asamblea Comunitaria la terminación Anticipada del Mandato de sus autoridades municipales, con la finalidad de mantener la posibilidad de designar Administradores Municipales en los Municipios Indígenas.
Martínez Ramírez, cuestionó la propuesta pasó en el Congreso como un asunto de urgente y obvia resolución.
Refirió que la contrareforma nuevamente le da la atribución al Congreso para que nombren a los administradores en los municipios de usos y costumbres, que por alguna u otra razón, desconocen a sus autoridades.
“En la pasada reforma constitucional habíamos logrado que las mismas autoridades podrían elegir a sus nuevas autoridades, sin embargo, hubo afectaciones a los intereses políticos y por eso nuevamente se pusieron los candados, pero como parte de acuerdos entre las cúpulas”, asestó.
“Nosotros que venimos de los pueblos que hemos prestado nuestros servicios en nuestras comunidades, que conocemos las formas de elección, sabemos que esto es un atropello, un retroceso al reconocimiento de nuestros derechos”, asentó.
Martínez Ramírez, se dijo preocupado que frente a los intereses de grupo se pierde de vista uno de los fines máximos de las tribunas legislativas, que es, legislar a favor de la población, fundamentalmente a favor de los sectores más sensibles de la sociedad que son los pueblos y comunidades indígenas.
