Jaime GUERRERO
Habitantes y representantes de la ciudadanía de San Mateo Río Hondo, protestaron en la sede del Congreso del Estado para exigir la revocación de mandato del edil Ángel Gerardo Ruiz Velásquez.
Acusan presunta malversación de 30 millones de pesos que fueron destinados por el gobierno federal a la reconstrucción de daños ocasionados por el huracán Agatha.
Apostados en los accesos del complejo legislativo ubicado en San Raymundo Jalpan, pobladores de las diferentes agencias municipales reprocharon que la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios de la LXV Legislatura atrajo la petición y solo les notificó el inicio de dicho proceso.
A más de dos meses de su jornada de protestas iniciadas con bloqueos el 6 de septiembre pasado en la carretera 175, en inmediaciones de San José del Pacífico, posteriormente a la sede del Congreso, recriminaron la dilación.
Inicialmente, para resolver la revocación de mandato la comunidad decidió en asamblea otorgar como plazo el 15 de noviembre para que el dictamen se presentara al pleno en primera y posteriormente en segunda lectura, al pleno del Congreso y se aprobara.
Al no ser aprobado el dictamen en la fecha fijada por la población, éste martes, se reactivarán los bloqueos y de paso advirtieron que se manifestarán durante la toma de protesta de Salomón Jara Cruz como gobernador de Oaxaca, el próximo 1 de diciembre.
Hjabitantes de San Mateo Río Hondo acusan al edil de desvío de recursos por un monto aproximado de los 48 millones de pesos.
Hasta septiembre, previo al inicio de la manifestación, los ciudadanos y autoridades auxiliares denunciaron la falta de obras, distribución de recursos y transparencia en el manejo del dinero público.
De acuerdo con los ciudadanos, Ruiz Velásquez desvió 18 millones de pesos del Ramo 3, Fondo III y del Ramo 28, más 30 millones de pesos del recurso otorgado por el gobierno federal para la reparación de daños ocasionados por el huracán “Agatha”.
Por ello también siguen en la exigencia para que el Órgano superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la Auditoría Superior de la Federación, indaguen en el caso; además, de demandar atención de la Secretaría de Bienestar a nivel federal y del Tribunal Estatal Electoral para que apliquen las sanciones correspondientes.
