Territorio · Límites Oaxaca-Chiapas
San Miguel Chimalapa da 30 días a ejidatarios de Chiapas para disolver su ejido e incorporarse como comuneros de Oaxaca
Comuneros de San Miguel Chimalapa notificaron al ejido Gustavo Díaz Ordaz, en Cintalapa, que acuerde su disolución voluntaria e incorporación a la comunidad agraria oaxaqueña, en la más reciente etapa de un litigio territorial de décadas.
Comuneros de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, dieron un plazo de 30 días a habitantes del ejido Gustavo Díaz Ordaz, ubicado en la zona de Cintalapa, Chiapas, para que su asamblea acuerde la disolución voluntaria del núcleo agrario y posteriormente se incorpore a la comunidad agraria oaxaqueña, en una nueva etapa de la disputa territorial y agraria entre ambas entidades.
Durante décadas se han registrado diferencias por la posesión de tierras y la definición de los límites entre Oaxaca y Chiapas.
La notificación entregada en Gustavo Díaz Ordaz
La mañana del martes 4 de agosto, una comisión de comuneros de San Miguel Chimalapa llegó a Gustavo Díaz Ordaz a bordo de más de 20 camionetas para entregar formalmente el documento a las autoridades ejidales.
En el escrito, el Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo de Vigilancia y representantes de los anexos agrarios sostienen que Gustavo Díaz Ordaz fue constituido «indebidamente a expensas de nuestro territorio comunal». Por ello, solicitaron a la asamblea ejidal tomar las decisiones necesarias «con la finalidad de disolver de manera voluntaria su ejido y se incorporen a nuestra comunidad agraria», bajo las disposiciones del estatuto comunal de San Miguel Chimalapa.
La Asamblea General de Comuneros fijó «un plazo de 30 días, contados a partir de hoy, para acordar lo conducente», según establece la notificación entregada a los pobladores. La movilización formó parte de una acción anunciada previamente por autoridades comunales de San Miguel Chimalapa, quienes plantearon llevar su propuesta también a los asentamientos Rodolfo Figueroa, Flor de Chiapas y Ramón E. Balboa.
Qué proponen los comuneros de San Miguel Chimalapa
El presidente del Comisariado de Bienes Comunales, Eliezer Gutiérrez, ha señalado que la propuesta busca que los habitantes permanezcan en la zona, pero reconozcan la propiedad comunal y se sujeten al estatuto de San Miguel Chimalapa. Los comuneros sostienen que no plantean inicialmente desalojos forzosos y que los habitantes podrían conservar su identidad chiapaneca, aunque agrariamente pasarían a formar parte de la comunidad de San Miguel Chimalapa.
Sin embargo, el emplazamiento generó preocupación entre los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz, ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá una vez concluido el plazo si la asamblea ejidal rechaza la propuesta.
El antecedente: la sentencia de la SCJN de 2021
El conflicto tiene como antecedente central la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de noviembre de 2021, emitida dentro de la controversia constitucional 121/2012 promovida por Oaxaca contra Chiapas. El máximo tribunal determinó que la línea limítrofe debe partir de la Barra de Tonalá hacia el Cerro del Chilillo, continuar al Cerro de La Jineta y de ahí dirigirse al Cerro de Los Martínez.
No obstante, la Corte estableció una precisión relevante: la definición de los límites entre Oaxaca y Chiapas no anuló automáticamente resoluciones mediante las cuales autoridades federales o locales hubieran reconocido o generado derechos en favor de ejidos o comunidades agrarias. Ese punto mantiene abierta una dimensión distinta del conflicto, y es la que ahora se activa con el plazo fijado por San Miguel Chimalapa.
La SCJN también ordenó a Oaxaca y Chiapas establecer mecanismos de coordinación, bajo supervisión federal, para garantizar servicios públicos a los habitantes de la franja limítrofe y desarrollar un programa de ordenamiento ecológico regional. A casi cinco años de aquella resolución, las diferencias agrarias permanecen.
AMI · Límite político y derecho agrario no son lo mismo
Que la SCJN haya definido dónde pasa la línea limítrofe entre Oaxaca y Chiapas no resuelve automáticamente a quién pertenece la tierra dentro de esa franja. Los derechos agrarios (ejidales o comunales) pueden tener su propio origen legal, independiente de en qué estado quede ubicado el territorio. Por eso este conflicto no se cierra con la sentencia de 2021: sigue una disputa agraria paralela a la disputa de límites.
¿Cómo me afecta esto?
Para los habitantes de Gustavo Díaz Ordaz, el plazo de 30 días abre una decisión con consecuencias directas sobre su régimen de propiedad de la tierra, sin que hasta ahora exista claridad pública sobre qué ocurriría si la asamblea ejidal rechaza la propuesta. Es un caso donde conviene esperar la postura oficial de autoridades agrarias federales antes de asumir que el desenlace ya está definido.
