Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El ombudsman, Arturo Peimbert Calvo, hizo un llamado al gobernador Gabino Cué para que revise de manera particular las actuaciones de funcionarios como su secretario de Seguridad Pública, Jorge Alberto Ruiz Martínez, que “criminaliza” el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Y es que mientras el gobernador presenta un Programa Estatal de Derechos Humanos ante el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el secretario de Seguridad Pública con declaraciones precámbricas, desafortunadas, viscerales, miopes y que reflejan su absoluta ignorancia, dan un mensaje de simulación.
Dos días antes del gobernador presentara su programa y diagnóstico de derechos humanos, el secretario de Seguridad Pública descalificó el desempeño de la Defensoría al afirmar que “tiene que revisarse pues cobija a organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos” y como consecuencia, sus criterios son unilaterales.
“Hay que hacer un replanteamiento de la funciones de la Defensoría, a eso me refiero. A nosotros (SSP) se nos hace responsables de situaciones, que cualquier ciudadano dice que pasan al interior de un penal, pero no lo dice el interno. Pero si el ciudadano, no está dentro del penal, ¿cómo puede demostrarlo?”
Al término del arranque del operativo Navidad Segura 2015, Ruiz Martínez dijo que “la Defensoría se presta a rumores” como lo que sucede en penales.
“Yo no llego a entender porque, se refiere (la defensoría), a todo lo que pudiera suceder en las prisiones (y) porque no se defiende los derechos humanos de los policías cuando se dio el enfrentamiento (con la disidencia magisterial) a la entrada de Ciudad Administrativa.
El Consejo ciudadano de la defensoría acordó en su sesión pública emitir un extrañamiento en contra del servidor público y hasta valorar solicitar su renuncia porque en lugar de celebrar avances en materia de derechos humanos, lo que evidencia es una actitud retrograda.
El ombudsman considera que estas actitudes podrían ser actos de hostigamiento que pretenden criminalizar el trabajo de la defensoría.
Consideró que en Oaxaca “hay un avance en materia de política pública en materia de derechos humanos y nos ha colocado dentro de una posición de vanguardia a nivel nacional, pero no podemos permitir que se conviertan en letra muerta”.
“De que sirven esos avances si hay funcionarios con el de Seguridad Pública que aceptan recomendaciones y no las cumplen o criminalizan a la defensoría”, puntualizó.
Peimbert Calvo le sugirió al Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca que lea la ley de la defensoría, cuyo mandato es constitucional y expresa que su obligación es sancionar a las autoridades y no a particulares, entonces, le sugirió que lea la ley, puntualizó.
Respecto a la designación del ex subdirector de Reinserción Social, Baldemar Pérez Canseco como funcionario de la Secretaría General de Gobierno, la calificó de “desatinada” porque la Defensoría lo ha señalado de ser presunto responsable de violación a los derechos humanos en el caso del Penal de Tanivet, entonces, es una decisión que genera impunidad.
Es lamentable que la transición política que pasó por una lucha por de derechos humanos, ahora se ponga en entredicho con funcionarios que trabajan dentro un gobierno de alternancia y no puedan entender que los derechos humanos son necesarios para ese cambio.
