Jaime GUERRERO
Tras ventilarse en redes sociales que el contralor Interno de al Fiscalía General del Estado, Jorge Cruz Caballero, tiene una plaza como burócrata en el Gobierno del Estado, la FGEO tomó la decisión de separarlo del cargo.
En medio de la polémica por la anulación de 1 mil 344 plazas laborales administrativas irregulares que aprobó el Congreso del Estado mediante decreto, la Fiscalía realizó un proceso de revisión administrativa para verificar la situación laboral de Cruz Caballero como trabajador de de Gobierno del Estado de Oaxaca y como trabajador de ese organismo autónomo.
Por ello, la FGEO determinó la separación del cargo del servidor público como una medida de congruencia con los principios éticos que promueve la institución entre sus colaboradores.
Además como una forma de garantizar que la revisión administrativa se realice con total transparencia y apego a la normativa legal vigente.
En la víspera, el gobernador Salomón Jara Cruz reveló sin dar nombres que entre los beneficiados con una base laboral en pasados sexenios fueron carniceros, un exescolta, expresidente municipal, un migrante que radica en Estados Unidos, además del hijo de la diputada del PT, Margarita García.
“Pero cómo vamos a dejar a trabajar a los que viven fuera de Oaxaca, o al carnicero pues no eso no lo vamos a permitir y se va a revisar caso por caso (…) no se va a permitir o del hijo de una diputada”, advirtió.
Lamentó que, una gran mayoría no justifica su ausencia laboral.
En cambio, aseveró que las personas con discapacidad, madres solteras, aquellos que tienen una enfermedad grave y grupos vulnerables mantendrán sus derechos laborales.
En tanto, Jara Cruz citó el caso de la Gubernatura, donde hay dos personas ya de edad avanzada que dialogaron con su secretaria y cuyo caso desconocía.
En ese caso, prometió que esas dos personas conservarían sus plazas laborales administrativas, debido a que llevan años trabajando ininterrumpidamente.
“Pero hay quienes no llegan, y la vez justifican que están comisionados, no sabemos ni los conocemos dónde están comisionados. Nunca en dos años han llegado y están comisionados”, cuestionó.
Jara Cruz reiteró que la mesa de diálogo sostenida con las mil 344 personas afectadas con el decreto 24, tiene el objetivo de acabar con la corrupción y el tráfico de plazas al interior del gobierno, toda vez que ha generado diversos problemas económicos al erario público y al Fondo de Pensiones, el cual requiere de 900 millones de pesos para poder salir al paso, tan solo este año.
