Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx).- El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, reveló que para el combate a la corrupción en Oaxaca e investigar a los ex funcionarios del sexenio de Gabino Cué Monteagudo, procesados por presuntos desvíos de recursos, trabaja con 1 ministerio público, 1 policía de investigación y tiene de presupuesto asignado para este 2018 “cero pesos”.
Eso exhibe la falta de cooperación de la Fiscalía General del Estado, a cargo del tristemente celebre, Rubén Vasconcelos Méndez, quien se ha dedicado a tareas de espionaje político contra su par.
Hasta el momento, en coordinación con la Contraloría del Estado, solo se han logrado recuperar 2.5 millones de pesos de los recursos que presuntamente malversaron ex funcionarios del sexenio de Cué Monteagudo.
Iruegas Álvarez admitió que la falta de personal ha rezagado los trabajos, porque solo hay 1 ministerio público en audiencia de detención y vinculación de proceso.
No obstante, se han tenido 10 audiencias posteriores a la vinculación de los ex funcionarios de Gabino Cué Monteagudo, están presentes en los informes justificados de recursos que se tienen que presentar en los amparos interpuestos.
Pese a ello, solo tiene 1 policía de investigación adscrito la Fiscalía Anticorrupción, mientras que hay más de 2 mil carpetas de investigación y averiguaciones previas.
Iruegas Álvarez, explicó que en un procedimiento penal, indica que es el policía y no el MP quien debe generar los actos de investigación “y es complicado que con 1 policía se camine a una velocidad mayor”.
Aunado a ello, el presupuesto para este 2018 es de cero pesos, no hay etiquetados recursos ni presupuesto.
Hasta el momento, en coordinación con la Contraloría del Estado, solo se ha logrado recuperar 2.5 millones de pesos de los recursos que presuntamente malversaron ex funcionarios del sexenio de Cué Monteagudo.
Pese a ello, aseguró que trabajan en acreditar ante el Ministerio Público, en la reparación del daño, pero por los amparos interpuestos no se ha podido llegar a ese momento, pero una vez que se revuelvan pedirán la reparación del daño, de ser condenada la persona.
Sin embargo, el Congreso del Estado debe de aprobar en el código penal la incorporación de los delitos cometidos por servidores públicos, porque hasta el momento se tiene que esperar a una sentencia condenatoria.
De existir la extinción de dominio, explicó que no se entra al debate si es culpable o inocente hasta al final de juicio y así se le puede regresar al Estado de forma más rápido el dinero malversado.
No obstante, a pesar de las limitantes que se tienen, actualmente se lleva a cabo un proceso reparatorio en el cual son 2.5 millones de pesos.
