Ángeles Mariscal | chiapasparalelo.com
Durante la audiencia que se llevó a cabo en Washington, Estados Unidos, sobrevivientes de Acteal rechazaron una conciliación amistosa con el gobierno mexicano, y reiteraron su exigencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se lleve a juicio al Estado Mexicano -entre ellos al ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; al ex general de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo; al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, entre otros- por la muerte de los 45 indígenas de Chiapas ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
Esta mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en audiencia a sobrevivientes de la masacre de Acteal, al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, representantes legales de los indígenas; y a los representantes del gobierno mexicano, encabezados por Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
En la audiencia los consejeros de la CIDH analizaron los argumentos presentados por los sobrevivientes de Acteal, quienes acusan al gobierno mexicano y al entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, de haber entrenado y armado a un grupo de indígenas de Chenalhó, quienes habrían sido los que realizaron la masacre en la que murieron 45 personas, y 26 más resultaron heridas de gravedad.
Este caso, registrado como el 12.790 ante la CIDH, analiza desde marzo de 2005 las pruebas presentadas por los sobrevivientes, quienes señalan que la masacre se enmarcó en la estrategia del gobierno mexicano para amedrentar a quienes consideraban bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Durante la audiencia los sobrevivientes presentaron como nuevas pruebas, análisis y peritajes físicos y psicosociales para intentar demostrar que la masacre se efectuó en el marco de un conflicto de guerra donde el gobierno mexicano los ubicaba como potenciales enemigos.
Durante su participación en la audiencia, Roberto Rafael Campa Cifrián dijo que la investigación que el gobierno mexicano realizó sobre los hechos, no se pudo documentar esta teoría, y sí una que apuntaba a la masacre como resultado de conflictos intercomunitarios entre indígenas de la zona.
Roberto Rafael Campa Cifrián lamentó que a pesar de haber detenido a 107 personas acusadas de perpetrar la masacre, ninguno de ellos está actualmente detenido, principalmente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encontró que en los juicios en su contra hubieron fallas al debido proceso.
[pull_quote_center]“Lamentablemente no podemos volver a llevar a juicio a estas personas, la legislación no nos lo permite, pero lo que sí podemos hacer es llegar a un acuerdo de conciliación amistosa para indemnizar a las víctimas”, dijo la delegación del gobierno mexicano, la cual enumeró diversas acciones que a su ver van encaminadas a este fin, como la creación de un fondo económico y servicios de salud para los sobrevivientes.[/pull_quote_center]
La respuesta de los sobrevivientes la dio su representante en la audiencia, Juan Vázquez Luna, quien reiteró su rechazo a la conciliación amistosa, y su petición para aplicar la acción de la justicia y llevar a juicio a quienes ellos consideran los autores intelectuales de la masacre, entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo y el ex Comandante de la VII Región Militar, el general Mario Renán Castillo; al ex gobernador Julio César Ruiz Ferro, entre otros.
La CIDH deliberará en torno a las pruebas y argumentos presentados, y posteriormente hará publica una posible recomendación. No hay fecha programada para ello.
