TEEO acredita Violencia Política de Género en autoridades de Chalcatongo y San Agustín Loxicha
Jaime GUERRERO
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) resolvió por unanimidad acreditar violencia política en razón de género (VPRG) contra autoridades municipales de Chalcatongo de Hidalgo y San Agustín Loxicha, que exponen irregularidades en candidaturas y obstrucción al ejercicio de cargos públicos.
En el Procedimiento Especial Sancionador PES/10/2025, una candidata a síndica municipal denunció al presidente y secretario municipal de Chalcatongo de Hidalgo por dolo y engaño.
El TEEO declaró fundados los agravios, al determinar que las autoridades prometieron sustituirla en la suplencia de la cuarta fórmula para registrarla como candidata a síndica, pero no cumplieron.
“Los denunciados de manera dolosa no realizaron la sustitución en la candidatura a la sindicatura, manteniendo en el error a la denunciante, escondiéndole la información y haciéndola creer que sí se había realizado su registro”, resolvió el tribunal en sesión pública este lunes.
La actora realizó actos de campaña como síndica, pero al ganar la planilla y recibir la constancia de validez, descubrió que su nombre no estaba registrado.
La resolución ordena al presidente, secretario municipal y otras autoridades cumplir con las medidas establecidas, sancionando así las acciones que vulneraron los derechos políticos de la mujer.
En el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía en Sistemas Normativos Internos (JDCI/105/2025), el TEEO acreditó obstrucción al ejercicio del cargo y VPRG en contra de una regidora del Ayuntamiento de San Agustín Loxicha.
Las acciones del presidente municipal fueron calificados como diferenciadas y desproporcionadas, basadas en estereotipos de género y una asimetría de poder que desfavoreció a la denunciante por su condición de mujer.
Entre las omisiones destacadas: solicitud de renuncia, no convocarla a sesiones de cabildo, ignorar sus solicitudes y retener el pago de sus dietas.
“La autoridad no aportó elementos que demostraran haber subsanado o desvirtuado dichas omisiones”, estableció el tribunal.
