BOULDER, COLORADO. – “Lo único que quiere una madre que llora es poder decir: Aquí está mi hijo, y aquí está su madre; lo único que quiere, es poder llevarle una flor a donde yace”, asegura Mirna Banegas, inmigrante hondureña, madre de Bairon Banegas.
La última vez que Mirna supo de Bairon, fue antes de que él se lanzara a atravesar el desierto de Sásabe, en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso fue en 2014, desde entonces, nadie ha sabido más de él.
El paradero de Bairon es un caso entre miles más que podrían ser resueltos fácilmente si las autoridades estadunidenses aceptaran que la base de datos genéticos de ese país, que contiene miles de muestras de personas desaparecidas, fuera cruzada con las bases de datos que diferentes antropólogos de organizaciones civiles y Universidades de ese país han realizado en más de 15 años de trabajo.
Sin embargo, las autoridades del país del norte se niegan a colaborar, ya que, de acuerdo con sus leyes, esa información es de uso exclusivo del estado, y no puede ser compartida con particulares, como es la Coalición Forense de la Frontera.
La coalición agrupa a más de 40 organizaciones civiles tanto mexicanas como estadunidenses; entre ellos, el Equipo Argentino de Antropología Forense, mismo que ayudó en la investigación del caso Ayotzinapa y el colectivo Colibrí, uno de los pioneros en reconocimiento forense de migrantes.
La audiencia
Así, la coalición decidió pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mediara entre ellos. Por eso, el pasado 5 de octubre ambas partes se dieron cita en la ciudad de Boulder, Colorado, para intentar encontrar algunos acuerdos.
“El gobierno federal ha invertido en un mecanismo que usa tecnología moderna para comparar efectivamente el ADN de personas no identificadas y desaparecidas. Pero debido a una carencia de muestras genéticas de migrantes, se tiene que actuar fuera del sistema en estos casos. Lo que es anticuado, requiere mucho trabajo y resulta caro e ineficiente”, explicó durante la audiencia Kate Spreadley, antropóloga investigadora en la Universidad Estatal de Texas y parte de la Coalición.
A pesar de que la coalición, tiene cerca de 4 mil muestras genéticas ordenadas en una base de datos, con información que fue aportada por parte del colectivo Colibrí, de los antropólogos argentinos y del condado de Pima, también en Arizona, el gobierno federal se ha negado a colaborar con ellos.
“Esta es una muestra de que pequeñas organizaciones civiles, junto con gobiernos locales, pueden trabajar muy bien juntos”, aseguró en entrevista la doctora en antropología Robin Reineke, una de las cofundadoras de Colibrí.
En los últimos 2 años y medio Colibrí ha podido enlazar 46 muestras genéticas de restos encontrados en el desierto con las de otros familiares. Además de otros 110 que identificaron a través de comparación dental y otros métodos forenses.
“Todas estas muestras y placas de identidad podrían ser comparadas con la base federal, pero pareciera que ahora, además de construir fronteras físicas, se está construyendo una frontera legal y digital para no permitir que esta gente sea encontrada”, aseguró la doctora. “Esta es como una fosa común tecnológica en la que hay muchísima gente que se podría identificar”.
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