Diana MANZO
Oaxaca, Oax.- El alza de feminicidios, desapariciones y homicidios en Oaxaca parece no detenerse.
por ello, organizaciones sociales y defensores puntualizaron que urge una política de paz real y no la “excluyente” que puso en el gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.
En el marco del encuentro “Construyendo en Colectivo caminos hacia La Paz con justicia”, resaltaron que su resistencia radica en la colectiva para lograr una política de paz, que mejore las condiciones vida, pues lo que existe e implementado socialmente es discriminatorio.
El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz.
«La denominada política pública de paz desarrollada por el gobierno estatal ha sido excluyente.
”Para que sea real en Oaxaca es necesaria la participación efectiva de la sociedad civil y de pueblos y comunidades», refirió Marcos Leyva, de la organización Educa.
Leyva, como experto, reafirmó la importancia de que en Oaxaca se viva una verdadera cultura de paz y no simulada como hasta ahora, pues la llegada de la 4T no representa a la verdadera sociedad.
Entre las colectivas participantes se encuentran:
- Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha (CODIGO DH) – Oaxaca
- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca
- Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA).
- ONGs de Chiapas Chihuahua, Jalisco, Coahuila y Ciudad de México.
Entre sus exigencias también está la de
garantizar el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y tomar como acción de primer orden la atención a la grave situación de violencia feminicida.
Y es que Oaxaca, de acuerdo con un recuento propio, hay 47 asesinatos de activistas perpetrados en Oaxaca entre 2018 y 2022.
Cifra que coloca al estado como el más peligroso para la defensa de los derechos humanos en el país.
“Urgimos al Gobierno de Oaxaca la liberación de manera inmediata del defensor del bosque Pablo López Alavez”, dijo Yésica Sánchez, feminista y defensora de la colectiva Consorcio, Oaxaca.
Yésica también dijo que ante la crisis migratoria que se vive en la frontera sur, hace falta mecanismos del Estado para atender la crisis migratoria.
Esa crisis está generando deshumanización, así como graves violaciones a derechos humanos tales como la violencia sexual y trata de mujeres, juventudes y niñeces.
Por último, los colectivos enfatizaron que Oaxaca vive una disputa por el control territorial entre grupos del crimen organizado en colusión con sectores del Estado y otros poderes fácticos.
Eso exacerba la violencia creciendo los conflictos comunitarios, cuya acción concluye en un desplazamiento forzado interno, puntualizaron.
