MÉXICO, DF.- A un año del secuestro y asesinato del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz, su esposa y sus cuatro hijos se encuentran en estado de indefensión ante la impunidad y las deficientes medidas de seguridad que les brindan las autoridades del estado de Veracruz, donde del año 2000 a la fecha 16 periodistas han sido asesinados, 11 de ellos durante los últimos cuatro años, durante la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Carmela Hernández Osorio, viuda de Gregorio Jiménez de la Cruz, en conferencia de prensa, solicitó al Mecanismo de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación que ella y sus hijas e hijos sean incorporados a esa instancia federal, debido a que las medidas de seguridad que le brindan las autoridades de Veracruz son deficientes y prueba de ello son los tres actos de intimidación y amenazas que ha sufrido a partir del día 29 de agosto de 2014 cuando regresó a vivir a su casa en Villa de Allende, localidad aledaña al puerto de Coatzacoalcos, Veracruz.
En el salón Francisco Zarco del Club de Periodistas, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, acompañada por Balbina Flores Martínez, representante en México de Reporteros sin Fronteras; Daniela Pastrana, representante de la Red de Periodistas de a Pie y; de Víctor Ruiz Arrazola, ejecutivo de Protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, Hernández Osorio, narró las deficiencias en su seguridad, a tal grado que los custodios que le fueron comisionados por más de cinco meses se quedaron sin vehículo y ella tenía que pagarles el pasaje para que la pudieran custodiar.
También relató que del día 29 de agosto de 2014, tomo la decisión de regresar de la ciudad de Xalapa, donde recibió refugio de parte de la Comisión Estatal de Atención a Periodistas, a Villa de Allende, por la situación de sus hijos, ya que uno de ellos enfrentó una severa depresión y no cuenta con el apoyo de becas que le prometieron hasta la fecha. Desde entonces ha sufrido tres incidentes de intimidación y amenazas, el último sucedido el día 23 de enero pasado, cuando intentaron secuestrarla a bordo de un taxi, los hechos ya fueron denunciados antes las autoridades federales, hechos que en su momento le fueron reportados a la Comisión de Protección a Periodistas de Veracruz.
Organizaciones en pro de la libertad de expresión y por la defensa de los derechos de periodistas, como la Casa de los Derechos de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, la Red de Periodistas de a Pie, la Sociedad Interamericana de Prensa y periodistas independientes, realizaron una misión civil durante tres días en el mes de febrero de 2014 las ciudades de Coatzacoalcos, Villa de Allende, Las Choapas y Xalapa, donde entrevistaron a más de 60 personas sobre el secuestro y homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz, y como resultado se generó el informe denominado Gregorio: asesinado por informar. http://www.sipiapa.org/wp-content/uploads/2014/03/Informe-Gregorio-asesinado-por-informar1.pdf
A un año del secuestro del periodista Gregorio Jiménez de la Cruz que laboraba en periódicos como Notisur y Liberal del Sur, en los cuales solo le pagaban por nota publicada, el crimen sigue impune. El Poder Judicial del Estado de Veracruz tiene bajo proceso a seis personas, una mujer y cinco hombres, quienes en el mes de agosto de 2014, obtuvieron de un Juzgado de Distrito, el amparo de la Justicia Federal, en contra del auto de formal prisión que se les dictó en el Juzgado Tercero de lo Penal en el Estado de Veracruz, el 19 de febrero de 2014, debido a que alegaron que durante sus declaraciones ministeriales fueron torturados y no se les permitió ser asistidos por un abogado. El Ministerio Publico se inconformó con ese amparó y ahora otro tribunal federal lo revisa y se espera que pronto se resuelva para dar certeza a la familia de Carmela.
Las y el representante de las organizaciones civiles que acompañan a la familia de Gregorio Jiménez de la Cruz, manifestaron su preocupación por las deficiencias en la seguridad tanto de la señora Carmela Hernández Osorio, como de sus hijos, por lo que se sumaron a la exigencia de que el mecanismo federal refuerce sus medidas de protección ya que el mecanismo de protección a periodistas en la entidad veracruzana ha resultado poco eficiente e insuficiente.
Carmela Hernández Osorio tuvo que viajar a la ciudad de México para acudir a instancias federales a pedir apoyo y solicitarles que cumplan con sus compromisos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancias con las que se reunió por separado en compañía de la representante de Reporteros sin Fronteras y solicitaron a cada una de acuerdo a su competencia su apoyo inmediato.
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