ERNESTO REYES
Ofrecer condiciones de respeto y apoyo digno a los pueblos indígenas fue una de las promesas a su arribo, hace dos años, del gobierno de Salomón Jara, para hacer la diferencia con el régimen de Alejandro Murat Hinojosa (2016-2022), orgullo del nepotismo del exgobernador José Murat Casab.
Poco después de abandonar palacio de gobierno, Alejandro fue purificado en la pila bautismal de morena por así convenir a los intereses aliancistas, dejando estupefacto a Jara quien se había preparado para exhibir los latrocinios del “cachorro”. Se sospechaba que Murat había saqueado las finanzas del estado como se expresa en la vinculación a proceso de algunos exservidores públicos de áreas financieras y de infraestructura.
Al sumarse a morena el exmandatario obtuvo impunidad, además de ser premiado con la Comisión Senatorial de Relaciones Exteriores, logrando derecho de picaporte con la presidenta Claudia Sheinbaum. Un revés doloroso para Salomón, quien tenía el arma desenfundada, pero desde el centro no le permitieron tirar.
A las bases morenistas nunca les aclararon las razones prácticas del chapulineo muratista. Los entendidos interpretan que la 4T (AMLO, Sheinbaum y el partido) consideró el registro del priista en la lista plurinominal de morena como un movimiento preventivo para alcanzar la mayoría calificada en el Senado de la República a fin de aprobar las reformas constitucionales. El discurso de Murat defendiendo el proyecto morenista y el voto del panista Yunes, en plena votación de la reforma judicial, justificó la suma, pero persistió la frustración en el gobierno local. Como no pudieron enfrentar a Murat, parecen desquitarse con quienes por razones diversas protestan, piden justicia o critican a su administración.
Al cumplirse el primer tercio de su encargo, el gobierno de Jara exhibe una numeralia negativa en feminicidios y desaparición de personas. De igual forma tiene dificultades para amarrar acuerdos durables con organizaciones de la zona triqui (MULT MULTI y UBISORT) cuyos dirigentes fueron llamados a dialogar y explorar mecanismos de pacificación ante la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Es natural que el gobierno federal salga en su auxilio ante asunto tan complicado.
Sin que el caso llame la atención de Gobernación, continúan desaparecidos la abogada, activista y defensora mixe, Sandra Estéfana Domínguez y su compañero Alexander Hernández. Si bien no han cesado las labores de búsqueda, la familia cree que falta mayor compromiso para hallarlos. A esto hay que añadir el maltrato que reciben por parte de funcionarios de la Secretaría de Gobierno.
En documento difundido por Consorcio Oaxaca tras levantar el plantón que mantuvieron afuera de palacio, la madre y hermanas de Sandra acusan falta de sensibilidad no solo del poder ejecutivo, sino de quienes están al frente de oficinas de derechos humanos y la comisión de búsqueda.
Hay señalamientos como que, en las mesas de diálogo sostenidas al cabo de 32 días, los llevaron de reunión a reunión, en diferentes oficinas, tomándose imágenes para justificar su trabajo, repitiendo la misma información (cinco reuniones con la Fiscalía, dos con CEAV dos con CEB, etcétera). Les interesaba más “que se abriera la puerta de palacio” que responder a las interrogantes de la familia y defensores solidarios.
“Todos los días nos iban a tomar fotos y video a quienes llegaban al campamento”, hostigaron a la cocinera comunitaria, quitaron la energía eléctrica, igual el baño portátil por “representar un foco de infección” y un tal Gandarillas, en funciones de “conciliador”, les amenazó que, como estaban “vendiendo comida”, iba a dar vista al SAT. Nunca como ahora el desprecio ante el dolor de quienes lloran la ausencia de un ser querido.
“Muy triste que ese haya sido el nivel de interlocución del Estado durante este duro y doloroso tiempo (el del plantón); es un trato inhumano y lamentable”, afirman la señora madre de Sandra, Aracely Martínez y sus hermanas Kisha y Kenia Domínguez Martínez.
Desencantadas del trato grosero e inhumano recibido por la SEGO insisten en que se busquen indicios en las carpetas de investigación que ella inició en calidad de defensora, y que no permanezca ninguna persona con denuncias ejerciendo un cargo público. El documento enviado a la ONU, a Sheinbaum y al Gobierno de Oaxaca, concluye: “Las mujeres indígenas Ayuuk tenemos dignidad y el nombre de mi hermana no será manchado por un gobierno como éste”.
Nunca como ahora un caso similar donde a las víctimas directas e indirectas de una desaparición los hayan tratado con tan poca empatía y solidaridad. No hay disculpa que valga sobre falta de capacitación y sensibilización de las y los servidores públicos. El humanismo mexicano pregonado por la presidenta Sheinbaum no aparece por ningún lado. Válgame, diría Paco Ortiz.
@ernestoreyes14
