Jaime GUERRERO
El Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado de la LXII Legislatura, Adolfo Toledo Infanzón, alertó que los presuntos vínculos de representantes populares con el crimen organizado han encendido una alerta roja en la clase política nacional, principalmente para el proceso electoral federal intermedio del 2015.
Por lo pronto, urgió al gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, y jefe del ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, vigilar el uso de los recursos públicos para que no se vinculen al Proceso Electoral 2014-2015, que formalmente inició la semana pasada.
Además, urgió al blindaje de las elecciones frente al crimen organizado, el cual dijo, tiene que asumirse como una tarea y una responsabilidad compartida y permanente.
Durante la sesión de la diputación permanente, el legislador local, dijo que la sociedad exige a los partidos políticos y a sus autoridades, mayor voluntad política para certificar la calidad de los candidatos a puestos de elección popular y combatir de fondo el dinero negro en las campañas políticas, indicó.
De acuerdo con Toledo Infanzón, los presuntos vínculos de representantes populares con el crimen organizado cobra mayor relevancia, pues ante el actual clima de inseguridad y violencia en la entidad, los miembros de la delincuencia organizada han buscado protección y complicidad de diversos funcionarios.
Y es durante el proceso electoral donde encuentran las condiciones para influir con sus recursos en las elecciones y con ello desvirtuar la representación política y el fin último de la democracia que es el bien común.
“Resulta impostergable hacer un llamado enérgico para comprometer la voluntad de todas las fuerzas políticas y conseguir el máximo nivel de compromiso frente a la eventual injerencia del crimen organizado en los procesos electorales en puerta”, apuntó.
El pasado lunes 7 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio al Proceso Electoral Federal 2014-2015 en el que se renovarán la integración de la Cámara de Diputados, 903 presidencias municipales y se elegirán 639 diputados locales, así como las gubernaturas en nueve estados del país.
Así, Toledo Infanzón, exigió evitar el uso clientelar de los programas públicos de los distintos niveles de gobierno estatal, federal y municipal.
Resulta impostergable hacer un llamado enérgico para comprometer la voluntad de todas las fuerzas políticas y conseguir el máximo nivel de compromiso frente a la eventual injerencia del crimen organizado en los procesos electorales en puerta, reiteró.
Pidió evitar que los funcionarios federales y estatales, así como a Cué Monteagudo, para evitar influir de manera directa o indirecta en el proceso electoral, a través de clientelismos, patrimonialismo o coacción del voto, condicionando beneficios ajenos a los partidos en la popularidad de algún candidato.
Y es que alertó sobre la participación desleal de funcionarios en la inauguración de obras de infraestructura y el uso perverso de los recursos públicos por parte de algunos integrantes del gabinete del gobernador, lo cual ha sido documentada desde las elecciones locales del 2013, como son los casos de los exsecretarios de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura, Salomón Jara Cruz, y de Desarrollo Social y Humano, Gerardo Albino, quienes desviaron millones de pesos para beneficiar parcialmente a candidatos, durante el pasado proceso electoral, dijo.
Lo mismo, demandó evitar que los funcionarios federales y estatales, así como el Gobernador Gabino Cué, puedan influir de manera directa o indirecta en el proceso electoral, a través de clientelismos, patrimonialismo o coacción del voto, condicionando beneficios ajenos a los partidos en la popularidad de algún candidato, resulta primordial.
En tal virtud, es necesario garantizar en todo momento que no exista ventaja para ningún aspirante.
Recordó que recientemente, en la campaña interna del Partido de la Revolución Democrática, han habido mutuos señalamientos de líderes de ese partido, quienes advirtieron el uso de recursos públicos para la compra de votos mediante la entrega de despensas y materiales para el mejoramiento de viviendas como láminas o bultos de cemento.
Advirtió que la Ley es clara al respecto a quienes cometen infracciones, entre ellos, los servidores públicos que usen la comunicación social con fines propagandísticos electorales; afecten la imparcialidad de la competencia y usen programas sociales para coaccionar el voto.
Sentenció que no sólo es un delito la intervención de funcionarios públicos, sino también la utilización de recursos que fueron etiquetados para beneficiar a los que menos tienen; a su vez, ambas irregularidades constituyen un insulto para el pueblo de Oaxaca y un atentado contra la voluntad ciudadana de abatir los rezagos lícitamente, sin lucrar con la marginación y la pobreza.
Toledo Infanzón, demandó contribuir con ética y madurez política al desarrollo democrático de la entidad, lo cual favorecerá que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda organizar procesos electorales confiables y de mayor calidad.
