Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Pleno de la LXII Legislatura local analizará una eventual auditoria a la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo) por su opacidad, conflictos internos, deficiencias y violación a los derechos humanos.
La diputada del PRI, Martha Alicia Escamilla León, exhortó a la Auditoría Superior del Estado realice a la brevedad una revisión al uso de los recursos de ese órgano de transparencia porque su autonomía no implica que sea ajeno a la fiscalización.
Y es que “con los conflictos y deficiencias que actualmente se presentan en la Cotaipo, se violan derechos humanos al no haber una garantía efectiva de ese derecho, por lo que, es fundamental, realizar una revisión minuciosa en cuanto a su desempeño”.
También es inaplazable realizar una auditoría a ese organismo para conocer la forma en que han administrado y aplicado los recursos públicos que le son asignados.
Su petición está soportada en que la Cotaipo ha sido acusa de un presunto desvío de 66 millones de pesos de los presupuestos 2013 y 2014, de enfrentar una queja por incurrir en presuntas violaciones de derechos humanos y de existir una solicitud de juicio político contra la consejera, Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, porque se niega a presentar su declaración patrimonial.
Así lo revelan un documento dirigido a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local y fechado el 11 de julio de 2014, donde el propio contralor interno de la Cotaipo, Oliverio Suárez Gómez, hace del conocimiento que la Consejera se niega a cumplir la ley al oponerse a entregar su declaración patrimonial.
Según el expediente C.A./001/2014, el contralor interno recurrió al Congreso local ante la omisión de la actual coordinadora jurídica de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, para presentar su declaración patrimonial.
Razón por la cual, el contralor interno de la Cotaipo solicitó al Congreso de Estado inicie el “juicio de responsabilidad política y el requerimiento de la obligación omitida o la investigación de la servidora pública Gema Sehyla Ramírez Ricárdez”.
Otras irregularidades que se han detectado son que se presume la contratación de Outsorcing y servicios no prestados, la inexistencia de una supuesta plataforma tecnológica de punta para soportar el sistema electrónico de acceso a la información pública de Oaxaca, ya que actualmente el sistema que garantiza el derecho de acceso a la información en la entidad se soporta en una conexión a internet residencial.
De igual forma, el pasado 4 de julio tres empleadas de la Cotaipo presentaron una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo (DDHPO) en contra del titular del organismo, Esteban López José, por violencia, intimidación, discriminación por razones de género y acoso laboral, según consta en el expediente DDHPO/CA/0751(01)/OAX/2014.
La legisladora priista manifestó en tribuna que “lamentablemente, las quejas de los ciudadanos se han incrementado a partir del año 2013, y particularmente en 2014, e incluso de los mismos empleados, quienes han señalado reiteradamente que en ése órgano se anidan vicios que demeritan a la institución”.
Además de confrontas internas entre los consejeros que en nada ayudan a la labor que desempeñan, por el contrario, la desacreditan y desautorizan ante una sociedad cada vez más ávida de resultados pero también, cada vez más incrédula de las acciones gubernamentales.
Reafirmó que tan negativa percepción que se ha ido generando, propicia además un severo daño al sistema democrático y merma la confianza que la ciudadanía tiene en los poderes públicos.
Escamilla León demandó que la ASE lleve a cabo una auditoría que clarifique el uso de los recursos estatales por parte de esa institución, y muestre con claridad lo que ahí ocurre.
