OAXACA, (página3.mx).- El Congreso del Estado rechazó mantener plazas y nombramientos de confianza a «aviadoras» que solo acudían a cobrar a este Poder Legislativo, sin trabajar.
Dicha respuesta se generó luego de que un grupo de ex trabajadores y trabajadoras difundiera un oficio donde argumenta que esas plazas les corresponde por equidad de género.
A continuación, la respuesta íntegra de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado respecto a esta irregular situación.
Como es de su conocimiento, en los últimos días de la LXII Legislatura del Congreso del Estado, de forma irregular un grupo de empleados y empleadas, amigos y familiares del diputado Gerardo Henestroza, intentaron ostentar documentos de supuestos nombramientos para ocupar plazas sindicales, sin el respaldo presupuestal ni estructura laboral, que amerita.
A la forma irregular con la que se expidieron y que por lo tanto los hacen inválidos, se sumaron las denuncias de los propios trabajadores y trabajadoras sindicalizados, quienes denunciaron ante los y las legisladoras integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de manera oportuna que dichos empleados no asistían en los días y horarios correspondientes, es decir los denominaban “aviadores y aviadoras”, pues pretendían cobrar un sueldo por un trabajo que no realizaban.
De manera que no se trata de un asunto de género, como se intenta engañar a la opinión pública, pues en la lista figuran personas del sexo masculino, sino que se trata de un tema estrictamente de orden laboral, donde un grupo de personas carecen de los requisitos para ocupar plazas sindicales.
Consideramos que la LXIII Legislatura del Estado, no puede permitir que se cometan actos ilegales que atenten contra el erario público, y que se pretenda a fuerza del chantaje, obligar al Congreso del Estado a pagar recursos públicos a un grupo de personas que no quieren trabajar sino solo cobrar, en contra también de la vida institucional de la delegación del sindicato de trabajadores al servicio de los Tres Poderes del Estado, porque autorizar dichos puestos, sería tanto como rebasar su autonomía y su vida interna.
Consideramos que ese grupo de personas debe remitir sus consideraciones a quien otorgó de manera ilegal dichos nombramientos.
En todo caso, pueden recurrir ante las instancias legales que consideren pertinentes, para resolver sus dudas y aclarar cualquier situación.
Cabe recordar, que además el cargo del último Presidente de la Junta de Coordinación Política, de la LXII Legislatura estatal, se encuentra en litigio, ante los tribunales federales, ante las dudas que prevalecen sobre su nombramiento, lo que de confirmarse ratificará que su actuación adicionalmente fue invalida.
Confiamos que incluso la intervención de un arbitro puede dar las garantías para que las personas que se dicen afectadas tengan la confianza de que sus derechos serán preservados y en todo caso la resolución será de un tercero imparcial.
El Congreso del Estado es el principal garante de que se cumplan las leyes y en este sentido documentos que no se hayan expedido conforme a derecho carecen de validez.
