Por Ana Luisa Guerrero
Ciudad de México. 13 de marzo de 2017 (Agencia Informativa Conacyt).- En nuestro día a día es común que las autoridades incurran en faltas que afectan a los ciudadanos; por ejemplo, una multa de tránsito injustificada o un procedimiento incorrecto en el cobro de impuestos o al solicitar un permiso para abrir un negocio, entre tantas otras.
Estos casos de abuso de autoridad son resueltos por la justicia administrativa, es decir, el conjunto de instrumentos jurídicos y procesales para la tutela de los particulares frente a la administración pública.
Los retos, planteamientos y soluciones en esta materia del derecho son analizados desde una perspectiva científica en el libro Perspectivas comparadas de la justicia administrativa, publicado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y recientemente presentado en la 38a Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería.
El doctor Sergio López Ayllón, director general de este centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), señaló que en la actualidad México tiene un sistema de justicia administrativa que es de difícil acceso, costoso y que no le resuelve al ciudadano; de ahí la importancia de promover mecanismos para —de forma rápida y ágil— reparar los derechos que son violentados por una autoridad.
Como ejemplo reciente citó al procurador general de la República quien hizo el reconocimiento de inocencia y ofreció una disculpa pública a tres indígenas que hace años fueron acusadas de retener a seis agentes federales de investigación; una acción producto de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Estas mujeres fueron privadas de su libertad y durante diez años se emprendió su defensa por las vías de la justicia administrativa para hacer valer su inocencia.
Este caso, explicó, es una clara prueba de que cualquier persona que acuda a un Tribunal Administrativo, mediante un procedimiento expedito, probablemente de carácter oral, puede generar una reparación del daño de una actuación irregular.
No obstante, destacó que es preponderante encontrar los mecanismos legales que permitan que los procedimientos sean eficientes y rápidos.
“Parte del problema de la justicia administrativa es la sobre formalización del procedimiento administrativo, que les está impidiendo llegar al fondo de los asuntos. La discusión típica en los tribunales administrativos es sobre legalidad y formalidades, no material; entonces, si pudiéramos desformalizar el procedimiento y generar mecanismos más eficientes, tal vez encontraríamos una vía de solución”, detalló.
Durante la presentación, López Ayllón indicó que si se desea una justicia más simple, por la vía administrativa se podría hacer una reforma importante que genere confianza en los ciudadanos porque habría un medio fácil para reparar las irregularidades.
Adicionalmente, apuntó que desde el punto de vista agregado, estas reformas serían una importante herramienta para corregir la actuación irregular de la administración, tanto para generar responsabilidades como para mejorar el funcionamiento del conjunto de la administración.
“El libro analiza esta situación desde una perspectiva científica más compleja, que busca, por un lado, explicar por qué funciona la justicia administrativa y cómo funciona, pero además abre algunos temas de reflexión de cómo se podría reformar este sistema mexicano”.
Procurar la justicia
En el acto participó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, quien destacó que el escenario ideal en litigios en materia administrativa es que esta funcione de tal manera que se perciba en un costo real en los actos en que pueda incurrir el servidor público si no actúa legalmente.
Y es que, dijo, este tipo de análisis pocas veces se hace en la administración pública, inhibiendo escenarios de posibles costos para los funcionarios que los lleven a tratar de mejorar las cosas.
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Perspectivas comparadas de la justicia administrativa puede adquirirse en la librería virtual del CIDE, en este enlace. |
El jurista José Roldán Xopa detalló que el trabajo de los tribunales administrativos tiene que ver con que todo funcione correctamente para que haya mejores servicios públicos, por lo cual siempre conlleva el dilema de si se deben proteger los derechos fundamentales en el marco constitucional, o hacer prevalecer cuestiones relacionadas con el interés público.
Por lo que reflexionó: “Si no atendemos las cuestiones de interés general o de interés público, no hay derecho humano que pueda funcionar. ¿De qué manera puede funcionar el derecho a la educación si no tenemos buenos profesores o aulas en buenas condiciones?, sería muy difícil que el derecho a la educación exista sin una buena escuela”.
En tanto, el procurador fiscal de la Federación, Max Alberto Diener, aseveró que en la justicia administrativa a lo largo del tiempo se han ido agregando muchas materias, congestionando sus operaciones, por lo que las vías para solucionarlo fue la especialización.
Al respecto, aseguró que a futuro estas áreas se enfocarán en la parte de responsabilidad administrativa del tribunal, que siempre la ha tenido pero en lo sucesivo tendrá más ahínco, y eso seguramente implicará un gran reto para la institución en la acumulación de trabajo y de reto institucional.
Esta obra fue coordinada por el doctor Sergio López Ayllón y Adriana García García.
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