Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, pidió autorización a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, autorización para presentar denuncias penales en contra de 8 ex autoridades municipales y ex funcionarios de 2 dependencias del sexenio de Gabino Cué Monteagudo, por presunta malversación de recursos.
Sin embargo, la acción penal contra las 8 ex autoridades municipales ya habrían prescrito, debido a que las auditorias en las que se detectaron las irregularidades son de los ejercicios fiscales 2012 y 2013.
Con ello, el titular de la ASE, exhibe la actuación maniquea, tardía e ineficaz y que ha justificado al señalar al Congreso del Estado de limitarle, su pobre actuación, reprocharon integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, diputados del PRI, Morena y PAN.
Y es que el artículo 124 del Código Penal del Estado, establece que la acción penal que nazca de un delito que sólo puede perseguirse por queja de parte, “prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del delito y del delincuente, y en tres, independientemente de esta circunstancia”.
Pese a ello, la Junta de Coordinación Política, ya autorizaron la presentación de las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, lo cual ya fue confirmado por el Presidente de ese órgano de gobierno del Poder Legislativo, Irineo Molina Espinoza.
Y es que la ASE, luego de 4 y 5 años, recordó que había detectado irregularidades por un total de 126 millones 748 mil 987 pesos en diez revisiones.
Fue el pasado 22 junio cuando el titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, presentó un oficio de autorización a la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura, para presenta las denuncias, las cuales ya fueron autorizadas para ser presentadas, mediante la misma vía.
Altamirano Toledo, ha culpado a la pasada legislatura de los candados que estableció para que pidiera autorización a la Junta de Coordinación Política en turno para presentar querellas, a la par presentó un recurso de Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, ésta lo desechó, debido a que no comprobó que se violentaba la autonomía de la ASE, al pertenecer al Poder Legislativo, al ser la Auditorio un ente técnico y de gestión.
Aún cuando estuvo en contra de la reforma, integrantes de la Junta de Coordinación Política, aclararon que Altamirano Toledo, no debió de dejar de actuar en contra de autoridades, debido a que no había suspensión de sus actos.
Empero, 4 y 5 años después, Altamirano Toledo, con motivo de las presiones políticas para su salida de la ASE, pide autorización para las querellas contra autoridades municipales y ex funcionarios de Cué Monteagudo. El caso de los ex funcionarios de Cué Monteagudo, aún no prescriben.
Es el caso del municipio de San Mateo Yoloxochitlán, en el distrito de Teotitlán, la ASE detectó en el ejercicio fiscal de 2012, presuntos daños al erario por 12 millones 157 mil 705.08 pesos.
En San Jerónimo Taviche, Ocotlán, la ASE detectó que en el 2013, hubo irregularidades en el manejo de recursos públicos por el orden de 6 millones 485 mil 822.76 pesos.
En el Ayuntamiento de Teotitlán de Flores Magón, la ASE detectó hace 5 años, en el 2012, irregularidades por 2 millones 295 mil 463.84 pesos.
En 2013, 4 años atrás, detectó irregularidades por 6 millones 442 mil 364.76 pesos en Taniche, Ejutla. En la Compañía, en ese mismo ejercicio fiscal, detectó irregularidades por 1 millón 327 mil 709.05 pesos. en San Juan Bautista Lo de Soto, hace 4 años, en 2013, la ASE detectó daños por 5 millones 573 mil 212.20 pesos.
En el municipio de San José del Progreso, detectó en el 2013, daños al erario público por 14 millones 658 mil 057.90 pesos; en Santa María Sola de Vega, irregularidades por 5 millones 523 mil 040.32 pesos, en 2013.
Mientras que en la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable, en 2015, se detectó irregularidades en el manejo de 37 millones 684 mil 110.35 pesos y en la Secretaría de Salud, presuntas irregularidades, por 34 millones 241 mil 441.08 pesos, ese mismo ejercicio fiscal.
