En la víspera de la reanudación de las negociaciones del TLCAN, una delegación de “alto nivel” del gobierno de Canadá se reunió con el equipo de Andrés Manuel López Obrador para hablar de la relación que tendrán los dos gobiernos a partir del 1 de diciembre. La papa caliente será la minería, sector donde los canadienses concentran sus intereses económicos en México y que ha provocado innumerables violaciones a los derechos de las comunidades
El equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador ha ideado una salida salomónica para disminuir la tensión entre los pueblos mexicanos que impulsan un cese a la minería y los intereses económicos de Canadá en ese sector: el nuevo gobierno buscará que el vecino del norte “diversifique” sus inversiones en México, que hoy se encuentran concentradas en la explotación minera.
En rueda de prensa, luego de una reunión de trabajo con una delegación de “alto nivel” del gobierno canadiense, Marcelo Ebrard Casaubón, próximo canciller mexicano, aseguró que López Obrador invitó a ese país a participar en varios proyectos de desarrollo “prioritarios” para el sureste. “El virtual Presidente electo les dijo que esperaba tener un aumento en inversión y participación de Canadá en el desarrollo de México”, dijo Ebrard, antes de asegurar que desde diciembre habrá reuniones para avanzar en esta agenda.
La minería, dijo Ebrard, “es uno de los sectores donde Canadá tiene más presencia, pero se habló de aeronáutica, de trenes, y lo que tiene que ver con vías férreas o logística de transportación por puertos. Esperamos que se diversifique la inversión”.
México le ha entregado a las empresas canadienses 840 de mil 327 proyectos mineros que están operando actualmente en el país. Este es el mayor nicho de inversión para el país del norte. Pero los reportes sobre abusos por parte de las empresas son extendidos por todo el país. Y a pesar del millonario negocio que representa para las empresas canadienses en México menos del 1 por ciento de los impuestos que se recaudan en México provienen de esta actividad.
Apenas el 22 de julio, en el Día Mundial contra la megaminería a cielo abierto, pobladores de varias comunidades de Morelos realizaron una caravana en rechazo a las operaciones de la minera canadiense Alamos Gold.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería denunció que “esta actividad extractiva es la que mejor representa el despojo y el desplazamiento forzado de la población”. Por su parte, la organización internacional Global Witness encendió señales de alerta, pues solo año, entre 2016 y 2017, los asesinatos de defensores medioambientales en México pasaron de 3 a 15, casi todos indígenas. La agroindustria y la minería son las actividades que más riesgo representas para los activistas, dijo Alejandra Leyva, del área de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), que forma parte del Grupo Focal de Empresas y Derechos Humanos. “Estamos pidiendo una reunión con las autoridades entrantes porque no nos queda claro cuál es su posición frente a este problema”, dijo.
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