#AlianzadeMedios
Aranzazú Ayala Martínez
@aranhera
En noviembre del año pasado la empresa TransCanada anunció la suspensión de la polémica obra del gasoducto Tuxpan-Tula, la cual provocó rechazo de pobladores de los estados de Puebla e Hidalgo por su intromisión en las comunidades, amenazar a la biodiversidad y por una falta de claridad de las empresas y las autoridades municipales.
Sin embargo la lucha de las comunidades está lejos de ver su fin porque apenas hace unas semanas, el domingo 19 de enero, trabajadores de TransCanada visitaron la localidad de Xochimilco haciéndose pasar por trabajadores del gobierno federal, con intenciones de hacer una consulta para determinar el destino del proyecto.
Una de las personas que se hizo pasar como funcionaria de la Secretaría de Energía (Sener) fue María del Carmen Juárez Álvarez, plenamente identificada por varios pobladores pues ya había sido repelida de otra comunidad del municipio de Pahuatlán y posteriormente fue invitada a una reunión entre la empresa y los habitantes cuando estos últimos rechazaron el proyecto.
En ese entonces, a mediados de 2017, la trabajadora de TransCanada acompañada por un italiano de la empresa Bonatti (contratada para hacer el gasoducto) y un presunto funcionario de la Sedesol, ingresó con engaños a la comunidad de San Pablito, principal junta auxiliar del municipio.
Desde Xochimilco le avisaron a defensores de San Pablito que unas personas, supuestos funcionarios federales, habían llegado buscando organizar una consulta acerca del proyecto. Entonces, cerca de 40 habitantes salieron para ver qué pasaba en la comunidad vecina y cuando iban en camino, los representantes de la empresa se fueron.
Izel Espíritu, enclave otomí dentro de la zona nahua de Pahuatlán y defensor del territorio originario de la junta auxiliar de San Pablito, dijo a LADO B que después de la aparición de los trabajadores encubiertos, las comunidades se volvieron a reunir para decidir qué hacer.
Al buscar a la empresa vía telefónica para conocer su postura al respecto y saber por qué una trabajadora se hizo pasar por funcionaria federal, se les indicó que enviaran un correo y a la fecha este mail, enviado hace más de una semana, no ha sido respondido.
Para Izel y sus compañeros la situación es complicada porque no tienen certeza y saben que hay muchos intereses en juego. La problemática en torno al cuestionado gasoducto fue incluso expuesta a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en un evento a finales de 2017.
Tres años de lucha
El proyecto fue aprobado en 2015 y durante todo 2017 hubo tensión entre empresa, autoridades y habitantes. En agosto de ese año en un foro con representantes de la Sener, los pobladores otomíes rechazaron que se llevara a cabo una consulta y reiteraron su negativa al proyecto, argumentando los daños ambientales al bosque mesófilo y la violación a sus derechos como pueblos indígenas.
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