El 5 de octubre del 2018, las/os relatoras/es sobre la situación de personas defensoras, derecho a la libertad de expresión, derechos de pueblos indígenas, derecho a la libre manifestación y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos emitieron una comunicación conjunta expresando su preocupación por el asesinato de 4 defensores, el intento de asesinato en contra Abraham Ramírez Vásquez y la detención arbitraria de otros 2 defensores integrantes del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI).
En su comunicación, los expertos de la ONU piden al entonces Gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) que informe sobre el estatus de las investigaciones para cada uno de los hechos así como sobre medidas de protección adoptadas para garantizar el ejercicio libre y seguro de la labor de defensa de derechos humanos.
El Gobierno de EPN desestimó el llamado de los expertos internacionales al no dar respuesta a dicha comunicación urgente; tampoco tomó medida alguna para avanzar hacia la justicia en estos casos, por el contrario, los agravios contra la organización han ido en aumento y los avances en las investigaciones son nulos.
Efectivamente tanto el Gobierno de EPN como el de Murat a nivel estatal mostraron un total desinterés para atender tan dramática situación; pues a pesar del llamado internacional de expertos de la ONU, de las denuncias en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, de las quejas en la CNDH y DDHPO así como de las solicitudes de medidas de protección a nivel Federal y Estatal; no existe avance alguno en las investigaciones ni tampoco garantías de protección para las y los defensores integrantes de CODEDI.
La Fiscalía General del Estado ha incumplido su obligación de debida diligencia así como los compromisos que asumió formalmente en reuniones de trabajo con CODEDI; más grave aún, ha mostrado un completo desdén hacia la organización y su obligación de investigar, cancelando reuniones acordadas para avanzar con el proceso de investigación.
De allí que el saldo de ataques contra CODEDI durante el último año del Gobierno de EPN es de 5 asesinatos , 3 detenciones arbitrarias , 3 allanamientos y robos , 1 intento de asesinato así como amenazas constantes contra CODEDI y militarización de la zona en la que se encuentra su centro de capacitación.
CODEDI es un referente histórico en la resistencia y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas en Oaxaca, ha construido propuestas fundamentales para el ejercicio de sus derechos a la autodeterminación y de resistencia contra el despojo de la tierra y el territorio en las regiones Costa y Sierra Sur de Oaxaca.
La justicia y castigo a los responsables de los asesinatos y de todos los demás ataques contra la organización es un tema urgente.
Quienes suscribimos pedimos al Gobierno de AMLO que tome cartas en este asunto y que garantice el cese a la criminalización y a los ataques contra CODEDI así como la protección para todas las personas defensoras integrantes de la organización.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 28 de enero 2019
Coordinación para la Libertad de Personas Defensoras Criminalizadas en Oaxaca
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Comité de Familiares, Amigas y Amigos de Damián Gallardo Martínez
Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODEDI)
Corriente del Pueblo Sol Rojo
Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulápam del Progreso (Enruva)
Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC)
Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad (VOCAL)
Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)
