OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca calificó de “deficiente y negligente” la investigación de la Fiscalía General al no tipificar como feminicidios y dentro de un contexto de violencia política los asesinatos de la candidata a concejal Pamela Itzamara Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín, cometidos el 2 de junio de 2018 en Juchitán.
Por consiguiente, en la resolución del pasado 31 de mayo, el Tribunal exhorta al fiscal general de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, a que “capacite en materia de derechos humanos y perspectiva de género al personal encargado de la investigación de hechos delictivos, atendiendo el gran número de delitos que son cometidos en agravio de las mujeres y los índices de impunidad en relación a este rubro”.
De igual forma, el Poder Judicial de Oaxaca “sugiere de manera respetuosa al Dr. Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del Estado, que tome las medidas administrativas y penales necesarias en contra de los Agentes del Ministerio Público que iniciaron la carpeta de investigación, que derivó en no acreditar el hecho que realmente sucedió, y que impactó en una distinta calificación jurídica de la que debió ser”, cita la resolución de emitida por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
La periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, considera que la reciente resolución emitida por el Tribunal Superior de Justicia es una muestra de lo que ha planteado desde el principio sobre la investigación hecha por la Fiscalía General, la cual se efectuó sin perspectiva de género y, por tanto, no fueron considerados los asesinatos de Pamela Itzamaray Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín como feminicidios y tampoco dentro de un contexto de violencia política.
Jarquín Edgar se quejó que el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez hizo caso omiso a los señalamientos que hizo ella y organizaciones feministas y de periodistas: “por el contrario en mi caso he recibido descalificaciones por parte de Vasconcelos Méndez”, puntualizó.
La periodista considera que “estamos frente a hechos de dilación de la impartición de justicia, porque a un año del triple asesinato sólo una persona se encuentra vinculada a proceso, lo que ocurrió el pasado 2 de junio, en tanto que una persona más no fue vinculada, hecho que revela -como dice el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca-, una ‘deficiente y negligente investigación’” sobre lo ocurrido la madrugada del 2 de junio de 2018 en la localidad de Juchitán.
Todas estas omisiones, sin duda perversas, dan como resultado la violación a los derechos fundamentales de las víctimas por parte de la Fiscalía, como ya hemos dicho, reitera Jarquín Edgar, quien recuerda que la Fiscalía a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales no ha vinculado la carpeta de investigación por probable delito electoral de los hermanos Montero López; misma que está concluida de acuerdo con la fiscal especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, desde agosto pasado.
El Tribunal explica con argumentos claros y en base a la normatividad nacional e internacional que la Fiscalía de Oaxaca no realizó como correspondía su trabajo, el mismo que deja hasta hoy en la impunidad el feminicidio de María del Sol, quien fue obligada por el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca (hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos), Francisco Montero López, del gobierno estatal que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, de donde ella era jefa del Departamento de Comunicación Indígena e Intercultural, a sabiendas que cometía un delito electoral.
Y es que María del Sol fue designada para apoyar con su trabajo profesional, como fotógrafa y videasta, la campaña política de Hageo Montero López, candidato del PRI-PVEM-PNA a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Es decir, usando recursos públicos, penados por la ley.
«Al igual que el Tribunal de Oaxaca, hemos planteado que en ese contexto el crimen de la concejala con licencia e integrante, en segunda posición, de la plantilla del entonces candidato Montero López, así como el de mi hija, deben ser considerados como feminicidios en un contexto de violencia política de género. Que puede catalogarse como un feminicidio por desprecio u odio hacia esas víctimas, contempladas así en el artículo 411 fracción VII del Código Penal del Estado, y no sólo acreditar un hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con ventaja, como al final de cuentas ocurrió”.
Por otro lado, la periodista Soledad Jarquín Edgar dijo que después de la protesta exigiendo justicia para María del Sol Cruz Jarquín en la capital oaxaqueña el pasado sábado, junto con organizaciones de la sociedad civil, feministas y defensoras de derechos humanos, ha sido objeto de ataques del Fiscal General de Justicia, Vasconcelos Méndez quien ha señalado a la prensa: “Es compromiso de la Fiscalía General con la sociedad oaxaqueña no dejar que se afecte el trabajo técnico con presiones diversas que manipulan información con objetivos personales, económicos, políticos o de otro tipo distintos al de la justicia”.
De igual forma, afirmó que es ampliamente conocido que desde la Fiscalía se utilizan “boots” para desacreditar toda acción de protesta, exigencia o demanda de justicia por parte de las familias o de organizaciones no gubernamentales frente a los nulos resultados, lo que ha hecho tal instancia gubernamental, poniéndola en riesgo. Por lo que Jarquín Edgar responsabilizó al gobierno de Oaxaca en caso de que algo le ocurra a ella, a su familia y a las personas cercanas a ella.
