Fuente: Tercera Información, Alianza por la Solidaridad e IM-Defensoras.
Foto: IM-Defensoras.
Diana Isabel Hernández Juárez fue coordinadora de Medio Ambiente de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Santo Domingo Suchitepéquez, Guatemala, y la se convirtió en víctima de la violencia en ése país a sus 35 años.
Diana Isabel fue asesinada con arma de fuego en medio de una reunión por el Día de la Biblia en Monte Gloria por dos desconocidos que huyeron de la escena, eran aproximadamente las 19:30.
Fue profesora, además de activista defensora de Derechos Humanos en Guatemala y era muy reconocida por dirigir proyectos en beneficio del medio ambiente.
Reforestó 32 comunidades rurales, levantó huertos familiares y viveros en municipios de la zona, y lideró campañas de limpieza.
La defensora fue asesinada dentro de un ecosistema de acoso y violencia contra dirigentes comunitarios y ambientales; por ello, organizaciones sociales de Guatemala han responsabilizado al Estado guatemalteco de lo sucedido.
Asociaciones como Alianza por la Solidaridad, Asociación de Mujeres Madre Tierra, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red de Defensora de Derechos Humanos, Colectivo Madreselva y, por supuesto, la Pastoral de Medio Ambiente de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, han exigido al Estado a realizar una investigación «expedita y exhaustiva» del delito para encontrar justicia y evitar impunidad.
También exigen protección y libre ejercicio de la defensa de derechos humanos, especialmente de las defensoras de derechos humanos en Guatemala.
«El Gobierno ha utilizado la excusa de la muerte de tres militares en un enfrentamiento en Izabal para hablar de narcotráfico e imponer un estado de sitio que sirve para atacar resistencias, capturar liderazgos y así saquear los recursos […]«, declara Julió González de Colectivo Madreselva.
«[…] ahora sin que pueda actuar la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, de la ONU) cuyo mandato finalizó al no ser renovado el pasado 3 de septiembre«, acusó.
El estado de sitio del que habla Julio ha restringido la libertad de acción, locomoción y derecho a reunión de la gente en 21 municipios guatemaltecos.
Además, permite detención legal por parte de las autoridades.
Particularmente la asociación Alianza por la Solidaridad ha exigido a las autoridades españolas y europeas a que presionen al gobierno guatemalteco para que cumplan normativas internacionales y resuelvan el problema de narcotráfico sin violar derechos humanos.
