Ante la presencia de casos de Covid-19 en los penales de Tanivet y Santa María Ixcotel, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) urgió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzar acciones bajo un enfoque de derechos, que garanticen la salud, vida digna e integridad personal de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad en los diferentes centros de reclusión estatal.
La DDHPO solicitó la implementación de medidas respetuosas de los derechos humanos, que eviten la agudización de contagios al interior de los centros en los cuales se ha confirmado la presencia de personas con Covid 19.
En este contexto, el órgano autónomo pidió un informe detallado a la SSP de la situación en el sistema penitenciario de la entidad en relación a la pandemia –casos confirmados por Covid 19 de Personas Privadas de su Libertad (PPL), sospechosos y recuperados– así como las medidas adoptadas para evitar la propagación del padecimiento.
El órgano autónomo refrendó las medidas cautelares dictadas desde la semana pasada a favor de las PPL en el Centro de Reinserción Social varonil de Tanivet y ahora de Santa María Ixcotel, para que reciban atención médica especializada.
El órgano autónomo refirió que el 25 de mayo abrió el Cuaderno de Antecedentes DDHPO/CA/0218/(24)/OAX/2020, luego que se registrara un brote del padecimiento en el Cereso varonil de Tanivet, por lo que se ha mantenido vigilante del actuar de las autoridades del sistema penitenciario.
Y reiteró el llamado a la SSP para que adquiera los insumos necesarios en todos los Centros de Reinserción de la entidad para implementar medidas de prevención tanto para los internos, como los familiares que acuden a visitarlos y para el personal de seguridad adscrito a los penales.
De la misma forma, la DDHPO reiteró que desde el inicio de la Jornada de Sana Distancia, personal especializado de la Defensoría ha acudido a los centros de reinserción social para observar la implementación de medidas preventivas, lo que continúa en el actual momento identificado como “nueva normalidad”.
Asimismo, la institución se ha pronunciado porque las autoridades penitenciarias y de administración de justicia revisen con perspectiva de género los casos de personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en los diferentes penales de Oaxaca, para favorecer su preliberación, como medida para abatir los riesgos que implica la pandemia en la población privada de su libertad.
Y es que las personas que viven en reclusión conservan y tienen derecho a ejercer sus derechos humanos, con excepción de aquellos que han sido restringidos temporalmente por una disposición legal o como consecuencia de la propia privación de la libertad.
Por ello, el organismo consideró fundamental que las autoridades administrativas y jurisdiccionales, como entes garantes de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, garanticen condiciones que hagan favorables el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud.
En este contexto, la DDHPO solicitó que se refuercen acciones urgentes e inmediatas, bajo enfoque de derechos, que respeten el derecho a la salud, vida digna, integridad personal, saneamiento e higiene, suministro de agua suficiente, salubre y aceptable de aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad en los diferentes centros de reclusión estatal.
