Jaime GUERRERO
OAXACA (#página3.mx).- Tras señalar que el entorno de creciente inseguridad, se traslapa y afecta la vida política, el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Oaxaca, Edgar Humberto Arias Alba, advirtió que con el inicio del proceso electoral, se ve con preocupación el aumento de agresiones en contra de candidatas, candidatos, servidores públicos, “que no pocas veces culminan en asesinatos, y que han llevado a Oaxaca a ocupar el nada honroso segundo lugar de las entidades más peligrosas para hacer política”.
Revertir esa tendencia, que a su juicio no inició en el actual proceso electoral, requiere del involucramiento de muchos otros actores, por tanto, la suscripción de un pacto de civilidad, es un paso en el sentido correcto.
Éste martes, Arias Alba; el Gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa; y el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, firmaron el “Pacto por un Proceso Electoral Cívicamente Responsable” para generar mecanismos que garanticen un proceso electoral federal y local intermedio en paz y seguridad para candidatos, candidatas y para la ciudadanía”.
La firma fue atestiguada por Presidentas, Presidentes y legisladores de diversos partidos políticos en Palacio de Gobierno.
En su mensaje, el titular del INE en Oaxaca, destacó que las democracias están hechas para sociedades plurales y en situaciones en las que todos estamos de acuerdo en una misma idea y no existe diversidad de opciones, simplemente no tiene sentido hacer elecciones.
Sin embargo, destacó que para que el modelo funcione, también es indispensable que se reconozca la opinión o visión del otro como legitima.
Arias Alaba, ponderó que en estos momentos de intensificada polarización que vivimos, cada vez perdemos más el reconocimiento y visión de otros actores como legitima que debe ser.
Alertó entonces que en el extremo, la polarización lleva a ciertos grupos a abandonar las vías democráticas, optando en su lugar por canalizar sus exigencias, opiniones o visiones a través de canales menos democráticos, menos inclusivos, y mucho más violentos.
Con la firma del pacto de civilidad, destacó que se deben de ejecutar acciones concretas, desarrollar y aplicar protocolos para blindar la administración estatal para garantizar el principio de neutralidad política de su gobierno.
Garantizar la seguridad de candidatas y candidatos, y actuar oportunamente ante casos de violencia política por razones género; colaborar con el INE en la limpieza y desinfección de los locales donde se instalarán las casillas.
Atender los conflictos sociales qué signifiquen un riesgo para la celebración de la elección.
El titular del INE, recalcó que es necesario que desde la autonomía de las instituciones, y siendo respetuosos de ella, se reconozca que el acompañamiento de las autoridades gubernamentales es fundamental para lograr elecciones seguras en medio de la pandemia.
Lo mismo, elecciones en paz en medio de una crisis de seguridad, elecciones imparciales en un contexto de desconfianza y elecciones que fortalezcan el modelo democrático del país, en medio de un desencanto social por las promesas incumplidas de la democracia.
Bajo esa perspectiva, reconoció que la tarea que tiene el INE particularmente en el Proceso Electoral incluye una serie de retos que no habían visto antes, o no los habían visto con el nivel de afectación que lo ven ahora y que, requieren para su atención del acompañamiento y compromiso de autoridades gubernamentales responsables de garantizar derechos indivisibles entre sí, pero también de los derechos político electorales.
Y en medio de la pandemia de COVID19, aseguró también que en el INE asumen como compromiso el garantizar que las elecciones no fuesen una víctima más de la pandemia.
Para ello, a través de las distintas etapas que conforman la organización de una elección, guiados por un grupo de expertos, se emitieron protocolos para reducir los riesgos de contagio de todos los involucrados. Pero que, requieren de la corresponsabilidad de los actores políticos, de los electores y de otras autoridades para su efectiva implementación.
