Al inaugurar el proceso de formación «Derechos humanos de las personas privadas de su libertad», dirigido a 496 servidores públicos de la Subsecretaría de Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, el ombudsperson Bernardo Rodríguez Alamilla afirmó que, a través de estas acciones de prevención, se busca incidir en la disminución de violaciones a las garantías de personas privadas de su libertad.
Acompañado por la directora ejecutiva de Documenta Análisis y Acción para la Justicia A.C., María Sirvent Bravo Ahuja y el secretario de Seguridad Pública, Helidoro Díaz Escárraga, el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) sostuvo que el organismo autónomo construye alianzas con autoridades y agrupaciones de la sociedad civil.
Apuntó que, a partir de procesos estratégicos de capacitación, en este caso a directivos de Centros de Reinserción Social de la entidad, se coadyuva al proceso de reinserción social de las personas privadas de su libertad, garantizando la protección a su dignidad.
En su intervención, el secretario de Seguridad Pública afirmó que desde la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011 se dio una transformación en la visión de la actuación del Estado, pues todas las acciones deben estar apegadas al respeto irrestricto a los derechos humanos.
Destacó que este tipo de colaboraciones entre instituciones y organizaciones de la sociedad civil generan procesos que favorecen la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, ya que se realizan esfuerzos conjuntos para proporcionarles condiciones de vida digna que favorecen su reinserción a la sociedad.
Por su parte, la directora ejecutiva de Documenta Análisis y Acción para la Justicia A.C., María Sirvent Bravo Ahuja apuntó que, a partir de la reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se construyó un nuevo modelo garantista de los derechos humanos, lo que implica un reto para establecer el valor del trabajo cotidiano de las y los servidores públicos en el sistema penitenciario.
Resaltó que desde un enfoque de derechos humanos es posible encontrar puntos de equilibrio entre garantizar la seguridad en los centros de reinserción y el respeto a los derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que sostuvo que procesos de capacitación como el implementado de manera conjunta con la Defensoría, permiten que se transite hacia esta visión de respeto a la dignidad humana.
