Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha documentado ocho muertes ocurridas en cárceles municipales o durante la detención de las personas, solo de enero de 2020 a agosto de 2022.
Además, en ese mismo período, la Defensoría ha recibido 474 quejas relativas a actuaciones que pudiesen configurar abuso policial en toda la entidad, lo que significa que los centros de detención municipales son zonas de alto riesgo de violaciones a derechos humanos.
Los casos más recientes ocurrieron en el municipio de Salina Cruz y en Santa María Huatulco donde fueron privados de la vida Abigail H.U., y Jaime H.O., respectivamente.
La Defensoría condenó las muertes de Abigail H.U y Jaime H.O., e inició los expedientes de queja DDHPO/1271/(21)/OAX/2022 para investigar la actuación de la autoridad municipal de Salina Cruz, así como el expediente DDHPO/072/RC/OAX/2022 por lo ocurrido en Santa María Huatulco.
El organismo Defensor tuvo conocimiento que la tarde noche del viernes 19 de agosto, Abigail H.U., fue detenida por elementos de la policía municipal de Salina Cruz, por una supuesta falta administrativa; sin embargo, apareció muerta horas más tarde.
Sobre el caso, familiares denunciaron que la víctima fue golpeada por los policías municipales, ocasionando su muerte, además agregaron que las autoridades municipales les dijeron que fue un suicidio.
En el caso de Jaime H.O., se tuvo conocimiento que esta persona fue detenida por elementos de la policía municipal de Santa María Huatulco debido a una falta administrativa; sin embargo, falleció horas después debido a un golpe en la cabeza.
Por estos casos, la Defensoría requirió a las autoridades municipales de ambas localidades informes sobre lo ocurrido, además de solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado que investigue ambos casos, y en el de Salina Cruz, con perspectiva de género.
El organismo autónomo ha insistido en la necesidad de que se establezcan mecanismos que permitan atender las causas estructurales que originan este tipo de hechos, puesto que es urgente que se cuenten con mecanismos que garanticen la seguridad e integridad de las personas mientras se encuentran en esos espacios.
Además, la Defensoría ha insistido que los elementos de los cuerpos de seguridad municipales requieren que se les brinden herramientas jurídicas y técnicas para que puedan desempeñar sus actividades sin violentar derechos humanos o el marco jurídico.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca aseveró que es respetuosa de las atribuciones legales que tienen las autoridades municipales, así como de los mecanismos de organización de las comunidades que se rigen por sistemas normativos internos; sin embargo, tienen la obligación legal de contar con mecanismos que aseguren la integridad física y psicológica de las personas, además de instalaciones con una infraestructura adecuada para que brinden una atención integral y con pleno respeto a los derechos humanos, puntualizó.
