Diana Manzo
Oaxaca, Oax.- La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a las autoridades de Oaxaca para que investiguen y busquen a la activista y abogada Ayuuk Sandra Estéfana Domínguez y a su esposo.
Sandra y su esposo Alexander Hernández Hernández se encuentran desaparecidos desde el 4 de octubre pasado, en la comunidad de María Lombardo, en San Juan Cotzocón.
A través de un comunicado vía redes sociales, la instancia urgió a coordinar estratégicamente sus esfuerzos para localizarles y esclarecer los hechos.
Pidió respetar el derecho de participación de familiares y amistades, conforme los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas del CED (Comité contra la Desaparición Forzada, por sus siglas en inglés).
https://x.com/ONUDHmexico/status/1844114882142273770
“Expresamos nuestra preocupación por la desaparición de la defensora de #DDHH Sandra Estéfana Domínguez Martínez y su esposo, quienes fueron vistos por última vez el viernes 4 de octubre en la comunidad de María Lombardo, San Juan Cotzocón, #Oaxaca”, señaló.
Y es que la activista y abogada Sandra Estéfana Domínguez denunció públicamente un chat XXX que involucraba al actual coordinador de paz del gobierno de Oaxaca, Donato Vargas, quien hoy dijo en una entrevista de medios no conocer a la activista.
Al respecto, activistas y defensoras hicieron un llamado al gobierno de Oaxaca y sus funcionarios a dejar de criminalizar y revictimizar a la defensora, porque lo que urge es que ella y su esposo aparezcan con vida.
Al igual, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) informó que, derivado de la desaparición de la defensora de derechos humanos hizo un llamado urgente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Oaxaca.
Las instó a que agilicen las investigaciones a fin de localizar con vida a la activista.
Por último, señaló que este organismo autónomo, se mantendrá vigilante y brindará puntual seguimiento al caso, siendo prioridad la salvaguarda y garantía del respeto a los derechos humanos de las personas agraviadas.
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