Jaime GUERRERO
La administración municipal de Tlacolula de Matamoros enfrenta una parálisis institucional que ya impacta la prestación de servicios básicos, en medio de un conflicto abierto entre el presidente municipal, René Óscar Sánchez Chagoya —conocido como René Rosh—, y cinco integrantes del cabildo, situación que ha sido expuesta públicamente a través de redes sociales y conferencias de prensa.
El choque político escaló luego de que el edil acusara a los regidores de boicotear obras prioritarias al ausentarse de sesiones de cabildo, lo que —según su versión— impidió alcanzar el quórum legal para autorizar la construcción de un pozo profundo, su línea de conducción y un tanque elevado con capacidad de 300 mil litros, proyectos destinados a atender el desabasto de agua en el municipio.
El presidente municipal atribuyó estas ausencias a una rivalidad política que busca frenar su gestión.
No obstante, cuatro regidoras y un regidor rechazaron los señalamientos y acusaron al alcalde de desinformar a la ciudadanía para deslindarse de una crisis que, afirmaron, deriva de irregularidades administrativas de su propio gobierno.
En conferencia de prensa, las regidoras Raquel Castillo Ortega, Reyna Aidé Sánchez Hernández y Concepción Robles, así como los síndicos Heliodoro Morales Soriano y Mayra Martínez, denunciaron amenazas, autoritarismo y violencia política, particularmente en contra de las mujeres integrantes del cabildo.
Señalaron que el edil los acusó arbitrariamente de impedir la realización de su Primer Informe de Gobierno, cuando —afirmaron— fue él quien abandonó la sesión de cabildo en la que se definiría la fecha.
Los regidores acusaron además que el presidente municipal pretende realizar su informe el próximo 20 de diciembre, pese a que la Ley Orgánica Municipal establecía como fecha límite el 15 de diciembre, y sin la autorización del cabildo.
Destacaron que la fecha debió aprobarse de manera colegiada y advirtieron que el edil se niega a respetar ese procedimiento.
Indicaron que esta no es la primera vez que el alcalde actúa al margen de la ley y lo acusaron de tratar a los regidores como empleados y no como funcionarios electos.
Por ello, pidieron a la ciudadanía no dejarse engañar y señalaron que es el propio presidente municipal quien se niega a trabajar de manera institucional.
Por lo pronto, informaron que el Congreso del Estado ya tiene conocimiento del conflicto y que incluso se emitió un exhorto al edil.
Advirtieron que, de persistir las irregularidades, solicitarán su salida del cargo y pidieron la intervención del gobernador Salomón Jara Cruz para que tome cartas en el asunto y se restablezca la gobernabilidad en Tlacolula de Matamoros.
En medio del conflicto, denunciaron falta sistemática de transparencia, decisiones unilaterales y presuntas violaciones a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
Entre los señalamientos más graves, destacaron que el secretario municipal mantiene pendientes al menos 44 actas de sesiones de cabildo, lo que especialistas en derecho municipal consideran una falta grave, al impedir la formalización de acuerdos, la fiscalización del gasto público y el seguimiento legal de las decisiones colegiadas.
Asimismo, acusaron al edil de violar el Artículo 47 de la Ley Orgánica Municipal, al tomar determinaciones sin contar con las mayorías requeridas del cabildo. Recordaron que el ayuntamiento es un órgano colegiado y que ninguna resolución relevante puede imponerse de manera unilateral.
Las y los concejales también reprocharon que, en lugar de transparentar el debate mediante la transmisión en tiempo real de las sesiones de cabildo, el presidente municipal difunda mensajes y videos en redes sociales que —aseguran— han generado ataques y descalificaciones contra quienes cuestionan su administración.
