Codep: El pliego petitorio de los 500 millones; entre la demanda social y el negocio de la construcción
El Gobierno de Oaxaca acusa a la organización de exigir asignaciones directas de obras para beneficiar a sus propias constructoras bajo un esquema de «comisiones» del 20%.
El conflicto con el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep) ha escalado de la demanda social al terreno de la fiscalización de recursos. Mientras la capital oaxaqueña sufría el colapso vial por bloqueos, en los pasillos de Ciudad Administrativa se revelaba la cifra del conflicto: 500 millones de pesos en obra pública.
El secretario de Gobierno, Jesús Romero López, fue contundente al señalar que las movilizaciones no buscan justicia social, sino la reactivación de un «modelo del pasado»: la gestión de obras por asignación directa para constructoras ligadas a los liderazgos de la organización.
El Dato Clave
«Insisten en la asignación directa porque quieren imponer a sus constructoras y obtener entre el 15 y 20 por ciento de los recursos, si no es que más», acusó Romero López.
Repliegue vs. Desalojo: La semántica del poder
Tras el bloqueo de puntos neurálgicos, el gobierno estatal ejecutó una acción de fuerza que denominó «repliegue». Aunque la narrativa oficial sostiene que «los desalojos ya no forman parte de la historia de Oaxaca», la intervención táctica restableció la circulación sin reportar detenidos, marcando una línea de «no negociación» ante lo que califican como chantaje.
| Organización | Demanda Económica | Punto de Conflicto |
|---|---|---|
| Codep | 500 MDP | Asignación directa de obra |
| Multi | N/A | Respeto a la Asamblea Comunitaria |
Fuente: Datos declarados por la Secretaría de Gobierno (SEGO).
Violación a la Autonomía Indígena
Uno de los puntos más críticos revelados es la exigencia del Codep de reconocer autoridades locales mediante decreto ejecutivo, ignorando las asambleas comunitarias y el sistema normativo indígena. Esta postura los ha enfrentado directamente con el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), quienes exigen que sea la asamblea, y no un escritorio oficial, quien defina el rumbo de sus comunidades.
«Las posturas de presión o chantaje no van a definir los acuerdos», concluyó Romero López, dejando una interrogante en el aire: ¿Se convertirá esta denuncia en una investigación judicial ante la Fiscalía Anticorrupción o quedará en un intercambio de retórica política?
