OAXACA.- El diputado del grupo parlamentario del PRI en la LXII Legislatura estatal, Carlos Alberto Ramos Aragón, envió al Congreso estatal una iniciativa para crear la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en el Estado de Oaxaca.
Dijo que esta propuesta busca promover una cultura de la prevención que incida sobre los contestos de riesgo sociales, económicos, demográficos, urbanos y jurídicos, que propicien o agravan la violencia y la actividad delictiva entre grupos específicos de la población.
Desde la tribuna, el legislador priista afirmó que hablar sobre este tema, es hablar de procesos de transformación y fortalecimiento individual, familiar y comunitario, que permitan la convivencia pacífica, la vigencia de los derechos humanos, mejorar las condiciones de seguridad y elevar la calidad de vida de las personas.
Señaló que la prevención es el medio más eficaz para disminuir y combatir los índices delictivos, sin embargo, la prevención del delito no es un tema exclusivo de las autoridades, incluye a la sociedad, ya que es el seno familiar en donde los niños y los jóvenes aprenden valores, necesarios para una sana convivencia.
Detalló que la prevención social implica diseñar y aplicar todas las medidas necesarias de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan el respeto y conservación de los derechos humanos y que aseguren que ante una eventual violación, ésta sea considerada y tratada como un hecho ilícito, susceptible de acarrear sanciones para quien las cometa.
Mencionó que la prevención social busca impulsar la participación coordinada de las instituciones públicas y privadas, así como de los actores sociales para anticiparse y modificar las dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generen contextos de violencia y procesos de desintegración social y con ello aminorar el riesgo de que ocurran.
Ramos Aragón explicó que la prevención del delito se visualiza como el conjunto de acciones que buscan disuadir y desalentar la comisión de delitos mediante el incremento de penas y mayor capacidad operativa y de respuesta de las corporaciones policíacas. “Sin embargo, es necesario articular una mayor sinergia entre la prevención y la política social, a efecto de incluir la transversalidad de las diversas políticas que implementa el Estado en material de seguridad y desarrollo humano”.
