La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reveló que el supuesto secuestro de la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, habría sido una simulación planeada desde meses antes para justificar un presunto faltante de 40 millones de pesos en las finanzas del ayuntamiento.

Como parte de las investigaciones, fueron detenidos en Oaxaca Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, quienes presuntamente participaron en el montaje y huyeron a territorio oaxaqueño tras los hechos ocurridos el pasado 31 de mayo.

Los tres fueron capturados el 11 de junio mediante un operativo coordinado entre autoridades mexiquenses y oaxaqueñas.

La alcaldesa denunció el 1 de junio haber sido privada de la libertad un día antes, cuando se encontraba a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta color arena, estacionado frente a su domicilio en Tenancingo.

Según su versión inicial, un automóvil rojo con dos hombres y una mujer se aproximó al lugar; uno de los ocupantes descendió, la tomó del brazo y, bajo amenazas con arma de fuego, la obligó a subir al vehículo.

No obstante, las investigaciones de la Fiscalía mexiquense, sustentadas en videograbaciones, análisis de comunicaciones telefónicas, entrevistas ministeriales y rastreos tecnológicos, contradijeron la narrativa presentada por la edil.

De acuerdo con la dependencia, las cámaras de vigilancia no registraron actos de violencia física ni resistencia por parte de la alcaldesa al momento de abordar el automóvil Volkswagen Virtus color rojo utilizado en el supuesto plagio. Por el contrario, uno de los participantes incluso la habría auxiliado para subir al vehículo.

Las indagatorias también establecieron que el teléfono celular utilizado para llamadas relacionadas con la supuesta negociación del rescate registró movimientos hacia la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, y posteriormente hacia la comunidad de San José La Noria, en Oaxaca, donde permaneció activo entre el 8 y el 10 de junio.

Según la FGJEM, la planeación del montaje comenzó desde febrero de este año y habría sido encabezada por José Roberto “N” y Oscar “N”, esposo y cuñado de la alcaldesa, respectivamente.

Ambos habrían diseñado un esquema para exigir un supuesto rescate de 40 millones de pesos que, presuntamente, sería cubierto con recursos del ayuntamiento para justificar un faltante detectado en la administración municipal.

La Fiscalía documentó 136 llamadas telefónicas entre abril y junio entre algunos de los involucrados. También obtuvo el testimonio de uno de los participantes, quien declaró que “todo lo estaban planeando ellos, ya que pensaban pedir un rescate de 40 millones de pesos y que dicho rescate saliera del ayuntamiento”, con la intención de justificar un presunto desfalco.

Las autoridades sostienen que durante el trayecto posterior al supuesto secuestro fue la propia alcaldesa quien indicó la ruta que debían seguir para evitar cámaras de videovigilancia.

Asimismo, al advertir el despliegue del operativo de búsqueda, habría expresado a sus acompañantes que la situación “se salió de control”. Posteriormente solicitó ser abandonada en un camino de terracería de la comunidad de El Capulín, en Tenancingo, desde donde simuló haber escapado de sus captores.

Más tarde fue localizada por su esposo y por el director de Seguridad Pública Municipal, quienes la trasladaron a su domicilio.

La Fiscalía sostiene que el 31 de mayo participaron directamente en la ejecución del plan Nancy Nápoles Pacheco, José Roberto “N”, Oscar “N”, Christian “N”, Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N”.

Mientras Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N” permanecen detenidos, José Roberto “N” y Oscar “N” cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y son considerados prófugos de la justicia.

Por estos hechos, la Fiscalía mexiquense ejerció acción penal por el delito de simulación de secuestro. En el caso de Nancy Nápoles Pacheco, se solicitó audiencia de formulación de imputación, programada para el próximo 9 de julio.

Karla Valeria “N” y Víctor Manuel “N” también son investigados por el delito de extorsión, conducta por la que podrían enfrentar penas de hasta 25 años de prisión.

Paralelamente, la Fiscalía dio vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para investigar el presunto daño al erario derivado del faltante de 40 millones de pesos.

Nancy Nápoles Pacheco rechazó las acusaciones y calificó los señalamientos como una “trama política” destinada a desacreditar su administración y su integridad como servidora pública.

Ante las versiones de un faltante de 40 millones de pesos en la tesorería municipal —dinero que presuntamente habría sido utilizado para la compra de vehículos y un departamento—, Nápoles aseguró que las finanzas del municipio están en orden.

También solicitó formalmente al Órgano Superior de Fiscalización que acuda al ayuntamiento para comprobar la honestidad en el manejo de los recursos.

“En cuanto al señalamiento de que existe un desfalco al municipio lo niego contundentemente y pido al órgano superior de fiscalización que se apersone en el momento que quiera en el municipio para que compruebe que no existe tal hecho”, afirmó.

La edil sostuvo que su administración ha sido transparente y que los resultados del ejercicio del gasto son “tangibles”.

Respecto a las investigaciones de la Fiscalía, denunció irregularidades en el proceso, acusó un trato discriminatorio y señaló manipulación de información mediante “narrativas facciosas y mentiras”.

Cuestionó además la validez del testigo colaborador de la FGJEM, al afirmar que se trata de una persona que, a cambio de una reducción de sentencia, “dirá lo que otros quieren que diga”.

La morenista afirmó tener datos de que subalternos bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, a cargo de Horacio Duarte Olivares, estarían detrás de un intento de desprestigio.

“Aquí estoy, con la frente en alto y seguiré trabajando porque no tengo nada que esconder”, sostuvo Nápoles, al reiterar su disposición a colaborar con las autoridades siempre que se respete el debido proceso.

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia iniciar un procedimiento sancionador ordinario contra Nápoles Pacheco.

La CNHJ sesionó el 18 de junio y abrió el debido proceso como medida cautelar para la suspensión de sus derechos partidarios, derivado de conductas que, de acuerdo con el partido, podrían contravenir sus principios estatutarios y compromisos éticos.

Nápoles Pacheco fue diputada local por Morena en la LX Legislatura del Estado de México, representa uno de los cuadros políticos relevantes de ese partido en la entidad y desde hace cinco años preside el Consejo Político Estatal morenista.

Ganó la presidencia municipal de Tenancingo en 2024 con más de 11 mil votos para el periodo 2025-2027.

Análisis Página 3

El caso rebasa la anécdota policial de un falso secuestro. Si la versión de la Fiscalía se confirma, el supuesto plagio habría sido usado como mecanismo para justificar una salida extraordinaria de recursos públicos del ayuntamiento.

La detención de tres presuntos participantes en Oaxaca también muestra cómo una investigación de corrupción municipal puede desplazarse territorialmente y obligar a la coordinación entre fiscalías estatales.

El punto crítico será comprobar si existió o no el faltante de 40 millones de pesos. Sin auditoría financiera, el caso queda reducido a la disputa entre la Fiscalía y la alcaldesa; con auditoría, puede acreditarse si hubo daño al erario.

Abogado del diablo

La alcaldesa tiene derecho a la presunción de inocencia y a controvertir la versión de la Fiscalía. La existencia de un testigo colaborador no basta por sí sola para cerrar el caso; sus dichos deben sostenerse con evidencia documental, financiera, tecnológica y pericial.

Pero la defensa política tampoco sustituye una auditoría. Si no hubo desfalco, el ayuntamiento debe abrir sus finanzas. Si sí existió faltante, la ruta penal debe seguir más allá del espectáculo del presunto autosecuestro.

Preguntas abiertas

• ¿El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México ya revisó las finanzas del ayuntamiento de Tenancingo?
• ¿En qué partidas estaría el presunto faltante de 40 millones de pesos?
• ¿Qué evidencia financiera acompaña la acusación penal por simulación de secuestro?
• ¿Qué papel habrían tenido el esposo y el cuñado de la alcaldesa en la planeación?
• ¿Por qué los presuntos participantes huyeron a Oaxaca y qué red de apoyo tuvieron en la entidad?
• ¿Morena suspenderá derechos partidarios antes de una resolución judicial o esperará el avance del proceso?

AMI: ¿Qué significa simulación de secuestro y por qué debe separarse del presunto desfalco?

La simulación de secuestro es un delito relacionado con fingir una privación de la libertad para obtener un beneficio, activar recursos institucionales o engañar a autoridades y familiares.

El presunto desfalco, en cambio, corresponde a una posible afectación al erario. Para acreditarlo no basta con la narrativa penal del supuesto secuestro: se requiere auditoría, revisión de cuentas, comprobantes, contratos, transferencias y trazabilidad del dinero público.

• Simulación de secuestro: se investiga si el plagio fue fingido.
• Daño al erario: se investiga si hubo faltante real de recursos municipales.
• Testigo colaborador: persona imputada o vinculada al caso que aporta información a cambio de beneficios legales; sus dichos deben corroborarse.
• Presunción de inocencia: ninguna persona puede ser tratada como culpable hasta que exista sentencia firme.

La cobertura responsable debe sostener ambas cosas al mismo tiempo: informar los datos de la Fiscalía y exigir pruebas financieras verificables antes de convertir una acusación en verdad judicial.