Los expedientes integrados por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Fiscalía General de la República (FGR) y las referencias contenidas en actuaciones relacionadas con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) muestran que el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar denunció presuntas amenazas contra altos funcionarios estatales, sin embargo, manifestó expresamente que no deseaba recibir medidas cautelares o de protección.
Él 14 de julio de 2025 Leyva Aguilar presentó una queja ante la DDHPO en contra del gobernador Salomón Jara Cruz y, durante esa primera comparecencia, dejó asentado que no era su deseo contar con medidas cautelares o de protección.
Dos días después, el 16 de julio de 2025, el comunicador presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, delegación Oaxaca, para el inicio de una carpeta de investigación.
La denuncia fue dirigida contra el gobernador Salomón Jara Cruz, el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero y el secretario de Gobierno Jesús Romero López.
Para el 30 de julio de 2025, la representación de la FGR en Oaxaca determinó que los hechos denunciados correspondían a presuntas amenazas y resolvió declararse incompetente para conocer del asunto.
Posteriormente, el 7 de agosto de 2025, la DDHPO incorporó a su expediente copia de la denuncia presentada ante la FGR como elemento de prueba.
Más adelante, el 15 de agosto de 2025, la Defensoría concluyó que de los hechos denunciados no advertía actos atribuibles a servidores públicos estatales o municipales.
Asimismo, el expediente reitera que Leyva Aguilar ratificó su decisión de no solicitar medidas cautelares o de protección.
Fue hasta enero de 2026 cuando la DDHPO notificó el caso al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, seis meses después de presentada la queja.
En ese mismo mes, y de manera extraoficial, personal del Mecanismo Federal entrevistó vía telefónica a Alejandro, quien manifestó verbalmente que no requería incorporarse al esquema de protección.
En consecuencia, no fueron implementadas medidas de protección y tampoco se notificó al Estado.
Desde la presentación de la queja ante la DDHPO el 14 de julio de 2025 y hasta el día hoy, el Gobierno del Estado sostiene que no fue notificado sobre alguna denuncia, queja o solicitud para otorgar medidas de protección relacionadas con el caso de Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
Aunque los expedientes oficiales indican que Francisco Alejandro Leyva Aguilar rechazó en distintas etapas incorporarse a esquemas de protección, el debate sobre la efectividad de esos mecanismos permanece abierto entre organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos.
Desde su creación en 2012, el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha sido objeto de constantes críticas por la lentitud en la evaluación de riesgos, la insuficiente coordinación con autoridades estatales y municipales, así como por la incapacidad para evitar agresiones incluso contra personas que ya contaban con medidas de protección.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, durante 2025 fueron incorporadas 2 mil 333 personas al Mecanismo, de las cuales 671 son periodistas y 1,239 personas defensoras de derechos humanos, mientras que el resto corresponde a familiares u otras personas vinculadas con los casos atendidos.
En una sola sesión de su Junta de Gobierno, realizada en febrero de este año, fueron revisados 80 expedientes de personas beneficiarias.
