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Comuneros ikoots frenan extracción de grava que denuncian como ilegal en el río Tehuantepec
Pescadores y habitantes de Huazantlán del Río consiguieron el retiro de maquinaria cerca de la desembocadura; exigen revisar permisos, límites agrarios y posibles daños ambientales.
Oaxaca, Oax.– Pescadores y comuneros ikoots de Huazantlán del Río, agencia perteneciente a San Mateo del Mar, detuvieron la extracción de arena y grava que trabajadores de la empresa Oyamel realizaban cerca de la desembocadura del río Tehuantepec.
Los pobladores denunciaron que los trabajos se efectuaban dentro de territorio comunal ikoots y sin su autorización. Ante ello, acudieron al lugar y solicitaron el retiro de la maquinaria para impedir que continuara la extracción.
La empresa es identificada por los comuneros como propiedad del empresario Joaquín Castro. El material revisado no contiene documentos que acrediten esa relación ni la postura de la gravera o del empresario respecto de los señalamientos.
Tampoco incluye permisos, concesiones o autorizaciones ambientales que permitan determinar el estatus legal de los trabajos.
Extracción llegó a una zona considerada sagrada
Los comuneros señalaron que la gravera se encuentra en la agencia de Boca del Río, perteneciente al municipio de Salina Cruz, y que desde hace tiempo ha extendido sus actividades hacia el territorio de San Mateo del Mar.
La inconformidad aumentó cuando la extracción se aproximó a la desembocadura del río Tehuantepec, espacio que la comunidad considera sagrado y parte de su territorio ancestral.
Al observar la presencia de trabajadores y maquinaria, pescadores y comuneros se trasladaron al sitio y exigieron suspender las actividades.
Las personas inconformes no reportaron enfrentamientos durante el retiro de la maquinaria.
Advierten disputa territorial pendiente
Los habitantes recordaron que desde hace varios meses existe una controversia territorial en la zona.
Según su testimonio, las partes habían acordado no explotar los terrenos limítrofes hasta contar con una resolución definitiva. Los comuneros acusaron a la gravera de incumplir ese acuerdo.
“Estamos en litigio y deben respetar. Ni nosotros, como comuneros y pueblo, explotamos esa zona; menos deben hacerlo ellos. Somos un pueblo indígena, conocemos nuestros derechos y no vamos a permitir que exploten nuestro territorio”, señalaron.
El material disponible no contiene el expediente agrario, las actas del supuesto acuerdo ni información sobre la autoridad ante la cual se tramita la controversia.
Esa documentación resulta necesaria para determinar los límites reconocidos legalmente y las restricciones vigentes para el aprovechamiento del área.
Acudirán ante autoridades ambientales y agrarias
Los comuneros anunciaron que solicitarán la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Agraria y el Gobierno de Oaxaca.
Advirtieron que la falta de atención institucional podría aumentar la tensión territorial y derivar en confrontaciones.
También solicitaron revisar los permisos ambientales, las concesiones para extraer materiales del cauce y la autorización de la comunidad que, en su caso, ampare las actividades de la gravera.
Hasta el cierre de esta información no se contaba con una respuesta pública de las autoridades señaladas ni de la empresa Oyamel.
Extracción reduce diversidad de reptiles, documenta estudio
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Mar encontró menor riqueza y abundancia de reptiles en las zonas con extracción de materiales aluviales, en comparación con áreas no intervenidas de la cuenca baja del río Tehuantepec.
El efecto fue especialmente marcado entre las serpientes, que desaparecieron de las áreas estudiadas donde se aprovechaban materiales aluviales.
El trabajo fue recibido en 2022 y publicado en 2023 en la Revista de Biología Tropical de la Universidad de Costa Rica.
Consultar el estudio académico original →Profepa clausuró otro banco en el río Los Perros
El caso ocurre después de que, en junio, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inspeccionó un banco de extracción y un área de almacenamiento de materiales pétreos dentro del cauce del río Los Perros.
Las instalaciones se encontraban en los municipios de Asunción Ixtaltepec y Ciudad Ixtepec.
Según la información proporcionada, los responsables no acreditaron las autorizaciones correspondientes, por lo que Profepa clausuró las actividades e inició un procedimiento administrativo.
Ese antecedente corresponde a otro río y otros establecimientos. No acredita por sí mismo que la gravera señalada por los comuneros de Huazantlán opere sin permisos, pero muestra las obligaciones ambientales aplicables al aprovechamiento de materiales dentro de cauces.
¿Cómo me afecta esto?
La extracción de arena y grava de un río no afecta únicamente al sitio donde opera la maquinaria. Si se realiza sin planeación, vigilancia o límites claros, sus efectos pueden alcanzar la pesca, los caminos, la disponibilidad de hábitat y la seguridad de las comunidades ribereñas.
Pesca y alimentación
La alteración del cauce y de la vegetación puede reducir refugios y zonas de reproducción de especies de las que dependen familias pescadoras.
Agua y territorio
Modificar el lecho puede cambiar la circulación del agua y la forma en que se depositan sedimentos. El impacto específico debe determinarse mediante una inspección técnica.
Obras y vivienda
La arena y la grava sostienen la industria de la construcción, pero su extracción sin control puede trasladar costos ambientales a poblaciones que no reciben los beneficios económicos.
Conflicto comunitario
La falta de claridad sobre permisos y límites agrarios aumenta la tensión entre comunidades, empresas y autoridades, y puede derivar en confrontaciones evitables.
Para saber si existe un daño concreto en esta zona se requieren inspecciones ambientales, mediciones del cauce y acceso público a los permisos y estudios de impacto.
AMI · Qué documentos determinan la legalidad
Una actividad puede contar con autorización ambiental y, al mismo tiempo, enfrentar una controversia agraria o comunitaria. Para evaluar su legalidad deben revisarse por separado:
- La concesión para aprovechar materiales dentro de un cauce.
- La autorización de impacto ambiental.
- La propiedad o posesión legal del terreno.
- Los acuerdos agrarios y comunitarios.
- La superficie, volumen, condiciones y vigencia de cada permiso.
Una denuncia pública no sustituye esos documentos, pero obliga a las autoridades competentes a inspeccionar y responder.
Qué falta saber
- Qué autoridad conoce la controversia territorial y cuál es el expediente.
- Cuáles son los límites agrarios reconocidos para Huazantlán y Boca del Río.
- Si existe un acuerdo escrito para no explotar la zona limítrofe.
- Si Oyamel cuenta con autorización ambiental y concesión.
- Qué volumen, superficie y vigencia contemplan los permisos.
- Si se realizó una consulta a la comunidad ikoots.
- Si existen inspecciones o procedimientos contra la gravera.
- Cuál es la postura de la empresa y del empresario señalado.
La comunidad informa
Página 3 busca permisos, concesiones, actas de asamblea, planos, resoluciones agrarias, inspecciones y fotografías propias que permitan verificar el caso.
Protege los datos: no compartas públicamente nombres de testigos, teléfonos, domicilios, ubicaciones en tiempo real ni documentos con datos personales. Elimina metadatos sensibles antes de enviar fotografías.
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