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México, DF.- La víspera, el domicilio en esta capital de las reporteras Flor Goche, del portal Desinformémonos, y Elva Mendoza, de la revista Contralínea, fue allanado por sujetos desconocidos que se llevaron equipos de cómputo y documentos.
De acuerdo con Desinformémonos, las chapas del domicilio aparentemente no fueron forzadas y llamó la atención que objetos de valor como una pantalla de televisión y dinero que se encontraba en el lugar permanecieron intactos.
Ambas reporteras son beneficiarias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –de la Secretaría de Gobernación (Segob)–, al que ingresaron luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares a su favor.
Como parte de las medidas otorgadas, ambas informadoras cuentan con un “botón de pánico”, informó el medio de comunicación.
Los operadores del Mecanismo, abundó ese medio, fueron notificados de manera inmediata, pero no dieron respuesta bajo el argumento de que “no tienen facultad de investigación”. Ni siquiera acompañaron a las reporteras a presentar su denuncia ante las instancias correspondientes.
Goche, también ex reportera de Contralínea, da seguimiento periodístico a temas de Derechos Humanos (DH) y de asesinatos de mujeres, así como a las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.
Elva Mendoza investiga violaciones a DH relacionadas con los megaproyectos de inversión, la devastación ambiental y los transgénicos.
Hoy, las reporteras, junto con la abogada Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), acudieron al Ministerio Público a presentar una denuncia por lo sucedido.
No es el primer caso de violencia contra la revista Contralínea. El 31 de agosto de 2011 Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga fueron asesinadas y sus cuerpos fueron hallados en un parque de la delegación Iztapalapa en esta capital.
En ese caso, también litigado por abogados de la ANAD, se concluyó que el móvil fue un robo que no estaba relacionado con la actividad periodística de Yarce Viveros y de González Trápaga, ex reportera de Televisa y quien trabajaba de manera independiente.
La noche del crimen ambas mujeres iban a cambiar un millón de pesos por dólares en compañía de un conocido que las asesinó junto con otro cómplice; ambos fueron detenidos y sentenciados.
Otros incidentes se presentaron desde febrero de 2008, cuando la entonces reportera de Contralínea, Ana Lilia Pérez, fue acosada y amenazada de muerte por revelar presuntas corruptelas del fallecido ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño.
Asimismo el director de las revistas Contralínea y Fortuna, Miguel Badillo, fue demandado por daño moral y fue víctima de acoso por parte del Grupo Zeta Gas, propiedad del empresario Jesús Alonso Zaragoza López.
Tanto Badillo como la reportera fueron acusados de daño moral por las investigaciones periodísticas donde revelaban nexos de Grupo Zeta Gas con altos funcionarios de Pemex.
Un caso más ocurrió en abril de 2010 cuando los periodistas de la revista Érika Ramírez y David Cilia sobrevivieron a un ataque de paramilitares vinculados a la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), en Oaxaca, mientras acompañaban a la caravana civil de observación internacional que se dirigía a San Juan Copala.
De 2002 a 2014 el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) ha registrado y documentado 252 casos de violencia contra mujeres periodistas, entre los cuales se encuentran 13 asesinatos.
