Karen de la Torre | @karelampia
Organizaciones de la sociedad civil registran al menos 144 feminicidios desde que se tipificó este delito, en 2013, mientras que la PGJ sólo reconoce 20. A esa misma dependencia le tomó 15 meses redactar un protocolo para investigarlos que ahora quedó desfasado con las recientes actualizaciones al tipo penal, la primera en julio y la última apenas la semana pasada. Eso, sin embargo, no debería ser pretexto para conducir una investigación ministerial con perspectiva de género, pues existen sentencias que obligan al Estado mexicano, no sólo a Puebla, a hacerlo. Pese a ello la PGJ sigue ocultando los feminicidios e ignorando la desaparición de mujeres que antecede, en un buen número de veces, a ese crimen.
El gobierno de Rafael Moreno Valle se convierte así en cómplice de la violencia hacia las mujeres. Cómplice feminicida.
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Ocho cuerpos de mujeres encontrados en un mismo sitio, con características similares, algunos torturados y todos violentados. Ocho cuerpos que se supone habrían cambiado estructuralmente a México; un cambio que debió iniciar en 2009, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declarara responsable al país por generar impunidad en delitos cometidos por razones de género. Un cambio que no se siente aunque han pasado casi 6 años desde entonces; lo que se conoce como “Campo algodonero”.
Esmeralda Herrera Monreal, una de las ocho víctimas, tenía apenas 8 días de desaparecida y 14 años de edad. Cuando la encontraron en el Campo algodonero junto con los otros 7 cadáveres, no tenía rostro ni cabello. Seguro fueron los “animales, el viento o la tierra”, explicaron las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero los animales, el viento o la tierra no le hicieron nada al resto del cuerpo.
El campo algodonero exhibió la violencia estructural contra las mujeres que se practica en todo México: las autoridades de Ciudad Juárez dieron identidades sin metodologías fiables a esos ocho cuerpos abandonados, las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades desde el momento en que se supo de las desapariciones, hasta cuando se aplicaron las necropsias.
“Los feminicidios son los asesinatos a mujeres por razón de género, es una clara expresión de odio hacia ellas, ¿y por qué es un extremo máximo?, porque todos los casos de feminicidio, al menos los que hemos registramos las organizaciones que trabajamos con el tema, tienen detrás otras violencias, otros delitos previos: acoso sexual, violencia física, verbal, emocional”, explica Fabiola Baleón, socióloga, integrante de El Taller, Centro de Sensibilización y Educación Humana A. C.
La antesala del feminicidio suele ser la desaparición.
Entre los puntos de la sentencia de la CIDH, se ordenó al país adecuar el Protocolo Alba “o en su defecto implementar un nuevo dispositivo análogo”, siempre y cuando cumpliera con ciertos puntos:
-Implementar búsquedas de oficio y sin dilación alguna, cuando se presenten casos de desaparición, como una medida tendiente a proteger la vida, libertad personal y la integridad personal de la persona desaparecida;
-Establecer un trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de seguridad para dar con el paradero de la persona;
-Eliminar cualquier obstáculo de hecho o de derecho que le reste efectividad a la búsqueda o que haga imposible su inicio como exigir investigaciones o procedimientos preliminares;
-Asignar los recursos humanos, económicos, logísticos, científicos o de cualquier índole que sean necesarios para el éxito de la búsqueda;
-Confrontar el reporte de desaparición con la base de datos de personas desaparecidas, y
-Priorizar las búsquedas en áreas donde razonablemente sea más probable encontrar a la persona desaparecida sin descartar arbitrariamente otras posibilidades o áreas de búsqueda. Todo lo anterior deberá ser aún más urgente y riguroso cuando la desaparecida sea una niña.
Para lograrlo, el 25 de noviembre del 2011 en la XXVI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los titulares de las Procuradurías de los Estados de México, aprobaron una serie de lineamientos a seguir para la investigación de las desapariciones, violaciones y “homicidios” contra mujeres por razones de género. Puebla fue de las primeras 15 entidades en aprobar su respectivo protocolo, mismo que constató la Corte Interamericana. Pero al parecer este protocolo fue hecho sin conocimiento de causa.
Nota completa: http://ladobe.com.mx/2015/09/el-gobierno-de-puebla-complice-feminicida/
