Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca alertó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la grave situación de los derechos humanos en Oaxaca que ilustra la crisis permanente que se está viviendo en todo el país.
Para soportar su dicho, resaltó que en lo que va del sexenio de Gabino Cué, organizaciones de la sociedad civil han documentado 406 feminicidios y 78 ejecuciones de líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y otros asesinatos por motivos políticos.
Así como 61 personas en situación de prisión política, 347 ataques contra mujeres defensoras de DH, lo que significa que hay una agresión cada 3 días contra activistas comunitarios.
Recordaron que después de 80 años de gobiernos priistas, en 2010, Oaxaca vive un proceso de alternancia política, lo que trajo consigo la aprobación de diversas reformas y la creación de instancias con enfoque de derechos humanos.
Sin embargo, dichos cambios no han impactado de manera tangible en la situación de los derechos humanos en la entidad, a lo contrario, las violaciones a derechos humanos van en aumento constante y la impunidad por los crímenes del 2006, asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos y otras violaciones a derechos humanos permanece total. Consorcio considera que la lógica empresarial enmarcada en la implementación de las reformas estructurales nacionales constituyen las líneas directrices de la acción de Estado.
Como ejemplo citaron el “recién simulacro de consulta de los Pueblos Indígenas para aprobar la construcción de parques eólicos en Juchitán, la criminalización de las personas defensoras que resisten contra las empresas mineras en Magdalena Teitipac y la represión contra la sociedad organizada en defensa del Cerro del Fortín en la ciudad de Oaxaca, para tener el control del territorio y la apropiación de los recursos naturales de los pueblos”.
Aunque el clima de represión que se ha hecho más tangible fue a partir de las elecciones de junio 2015 debido al arribo desmesurado de fuerzas armadas (11 mil efectivos): policía federal, gendarmería y ejercito a la ciudad de Oaxaca.
“De ahí que expresamos nuestra profunda preocupación por este despliegue de fuerzas, pues como ha sido documentado en años anteriores a nivel nacional, este tipo de estrategia, lejos de contribuir a la seguridad de la población, implica un aumento en la comisión de delitos y de la violencia en general”.
Y en el caso de Oaxaca, este tipo de acciones busca inhibir la movilización magisterial frente a los impactos de la reforma educativa y por otro lado se genera un clima de incertidumbre, persecución y la criminalización del movimiento magisterial y de la protesta social en general, puntualizaron.
Finalmente, le solicitamos al alto comisionado de la ONU que presten particular atención a la vulnerabilidad en la que se encuentra la población del estado de Oaxaca, sobre todo quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos y denuncian las violaciones a los mismos.
