El Gobierno de Mariano Rajoy no puede dejar de someterse a ese control, empezando por asuntos de la trascendencia de los que están discutiéndose en las instituciones europeas.
La negativa del Gobierno a explicarse ante el Parlamento provoca la escandalosa contradicción de que un Ejecutivo en funciones esté menos controlado que otro emanado de la confianza parlamentaria.
A propósito, los diputados harían bien en cumplir con la primera de sus tareas constitucionales, que es la de elegir a un presidente del Gobierno.
Sin embargo, ha de ocuparse del “despacho ordinario de los asuntos públicos”.
Según la ley del Gobierno, el Ejecutivo en funciones tiene mermada su capacidad para ciertas iniciativas: no puede aprobar los Presupuestos del Estado ni presentar proyectos de ley; su presidente tampoco puede disolver las Cortes ni proponer un referéndum.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2016/03/10/opinion/1457636369_861916.html
