Oaxaca.- El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca coadyuvó en los trámites para que un grupo de menores de edad deportado de los Estados Unidos retornara a sus lugares de origen, dentro de los protocolos de actuación a los que la institución se ha adherido y que a su vez, tienen su fundamento en la reforma al artículo 1º de la Constitución Federal, así como en los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, relativo a la protección más amplia a grupos en situación de vulnerabilidad, como son las personas indígenas, migrantes, niños, niñas y adolescentes.
En los últimos años, los casos de este grupo de población que sale de zonas rurales y viajan no acompañados al vecino país han ido en aumento, aun cuando no cuenten con los documentos respectivos y a pesar de los estrictos controles migratorios en la frontera; por lo cual, en un hecho particular, la institución responsable de la administración de justicia intervino en esta ocasión, en el marco de sus atribuciones y compromisos como invitado permanente del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIDNNA).
Sensible a la complejidad del problema migratorio, el Poder Judicial del Estado coadyuvó en las gestiones para lograr el traslado de un adolescente de 17 años de edad, originario de la heroica ciudad de Tlaxiaco, que se encontraba en un albergue de Nogales, Sonora y para quien en un primer momento se requirió el apoyo y la asistencia humanitaria.
Sin embargo; ya en el lugar fueron detectados otros 11 menores de edad oaxaqueños no acompañados quienes se encontraban en similar situación, a los que también se les apoyó con el retorno a sus lugares de origen, en su mayoría de comunidades indígenas del estado. Para ello, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y esta Judicatura, les brindaron protección desde el momento de su aseguramiento hasta la reintegración en sus hogares.
Cabe señalar que niñas, niños y adolescentes son el eslabón más débil de la cadena de migración, por lo que en una política transversal, entre gobierno y sociedad civil, se trabaja para protegerlos y como en este caso, evitar que sean enganchados por grupos delictivos que pueden llegar a utilizarlos para actividades fuera de la ley o en la trata de personas, unas de las principales problemáticas a las que están expuestas las personas menores de edad.
En este contexto, el Poder Judicial ha trabajado de forma intensa, coordinada y armonizada con diferentes instituciones gubernamentales, en acciones y políticas públicas, que respeten y garanticen los derechos humanos de las y los niños, quienes deben ser las personas más amadas, respetadas y protegidas en el seno de sus hogares.
Corresponde a todas las autoridades la gran responsabilidad de velar por su protección y contribuir a que se cumplan los lineamientos establecidos en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un eje transversal en la labor del Poder Judicial.
(A partir de este de 27 de abril, faltan 52 días para la implementación del Sistema Penal Acusatorio).
