CDMX.- Mariana Benítez, Omar Ortega Álvarez y Francisco Martínez Neri, así como las y los diputados y senadores que integran las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), suscribieron un punto de acuerdo por el que solicitaron al Gobierno Federal la implementación inmediata de un programa de reactivación de las actividades económicas que han sido afectadas por las movilizaciones realizadas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
La suscripción de este punto de acuerdo responde a que las afectaciones ocasionadas por las manifestaciones en dichas entidades, han ido más allá de la merma al ciclo escolar vigente, sus efectos han causado enormes perjuicios a ciudadanos usuarios de medios de transporte y graves daños y pérdidas a diversas actividades económicas.
En entrevista, la diputada Mariana Benítez Tiburcio declaró “nos preocupan los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios y la sociedad en general que han resultado afectados gravemente por este conflicto en entidades que históricamente ha sido marcados por la marginación y la pobreza. Es por ellos por quienes alzamos la voz hoy. Es su cansancio, su preocupación y frustración lo que nos lleva a hacer la proporción que nos ocupa”.
Según estimaciones de Concanaco Servytur, las pérdidas de las empresas ascienden a 7 mil 500 millones de pesos, derivado de los bloqueos que han impedido la circulación de mercancías, particularmente de autopartes que van a armadoras del norte del país y EUA.
La también secretaria del PRI en Oaxaca, explicó que su estado es el que tristemente ha resultado mayormente afectado. Según datos de CANACINTRA Oaxaca y de otras cámaras como CANIRAC , COPARMEX Y CCE, se calcula una pérdida económica de 5 mil millones de pesos, todo ello ocasionado por la baja de los ingresos en ventas que ha disminuido hasta en un 80 por ciento.
En este punto de acuerdo los legisladores reconocen que la situación que atraviesa el país los obliga a actuar con responsabilidad republicana y que, por ello, el llamado que hacen al Gobierno Federal lo realizan con la convicción de que éste atenderá el problema con la máxima sensibilidad que requieren aquellas personas cuyos ingresos dependen de su trabajo honesto y quienes con sus impuestos mueven la economía de estas entidades.
La abogada expuso que el documento que suscribieron contempla beneficios fiscales, apoyos financieros y la aplicación de estímulos e incentivos para la operación de las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, en Tapachula, Chiapas; Puerto Lázaro Cárdenas, municipios adyacentes de Guerrero y Michoacán; y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
