La ejecución de Alejandro Leyva ha desatado un efecto dominó de terrorismo psicológico contra la prensa crítica en Oaxaca. Pedro Matías, corresponsal de Proceso y uno de los periodistas más respetados del estado, ha sido amenazado de muerte. Mientras el Estado simula protección asignando escoltas de forma reactiva, el gremio y organizaciones internacionales denuncian un patrón de impunidad sistémica que arrastra omisiones desde hace casi dos décadas.
Amenazan de muerte al periodista Pedro Matías tras el asesinato de Alejandro Leyva; exigen garantías reales a las autoridades
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras alertó al corresponsal de Proceso sobre las sentencias de muerte que circulan en redes. El Estado vuelve a fallar con medidas cautelares puramente reactivas.
La amenaza activa y el aviso internacional
“Ahora sigue Pedro Matías ja ja”. Con esa frialdad cibernética y en medio de la crisis detonada por la ejecución del periodista Alejandro Leyva, sentenciaron de muerte en redes sociales a Pedro Matías Arrazola, fundador del portal “Qué pasa Pedro” y corresponsal de la revista Proceso en Oaxaca.
La amenaza no fue detectada por los aparatos de inteligencia del Estado. Fue la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) quien contactó al periodista para advertirle del riesgo inminente, activando las alertas ante el temor fundado de que la impunidad cobre una vida más en la entidad sureña.
“No pensé que esto ascendiera o creciera; uno solo ejerce su trabajo, su derecho, que es la libertad de expresión, y desafortunadamente somos incómodos. Sé que esto va a ser un tema político, y es justo lo que yo no quiero”, afirmó Matías, quien al igual que el gremio, exige justicia verdadera para Alejandro Leyva, a quien el Estado le negó la protección que solicitó en vida.
Un patrón de impunidad sistemática
Con más de 35 años de trayectoria periodística y un inquebrantable compromiso social, Pedro Matías conoce de primera mano la letalidad de la impunidad en Oaxaca. En 2008, durante el sexenio del priista Ulises Ruiz Ortiz, sobrevivió a un brutal ataque físico que, casi dos décadas después, sigue sin castigo ni responsables en la cárcel.
El clima de violencia no es un caso aislado. Durante 2025, Artículo 19 documentó 451 agresiones a comunicadores en México. El informe sitúa a Oaxaca como una de las entidades de mayor criticidad y riesgo estructural. Además, reportó un incremento nacional del 7 por ciento en casos de acoso judicial contra periodistas y voces críticas, una práctica documentada y tolerada contra comunicadores oaxaqueños.
La inoperancia de las medidas cautelares
Pedro Matías iba camino al velorio de su colega asesinado cuando recibió la advertencia de RSF, lo que lo obligó a resguardarse. Fue entonces, y solo después de que la amenaza escalara a nivel internacional, cuando las instituciones gubernamentales simularon eficacia.
“Ya me habló la directora del mecanismo de protección, también me habló el Fiscal. Me ofrecieron protección… estoy siguiendo algunas recomendaciones de la fiscalía; me pusieron dos personas de seguridad (escoltas)”, narró el periodista, evidenciando que el Estado solo reacciona con policías cuando la bala ya está en el barril, en lugar de desarticular a los grupos agresores de forma preventiva.
“Ahora hay policías resguardándome, pero el valor más importante son las amigas y amigos que no me sueltan, las colegas y organizaciones que me están ofreciendo salir del país. Para mí eso es oro molido; me siento con sentimientos encontrados, con mucho agotamiento, pero también con fortaleza”, señaló.
Matías fue contundente respecto a sus expectativas de justicia estatal: “Sé que no va a pasar nada con el crimen del compañero Alejandro, porque los directamente involucrados son los del gobierno, pero al menos reiterarles que con sus acciones, acaban de terminar su vida política”.
Durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz (PRI), Pedro Matías sobrevive a una agresión directa. Hasta la fecha, el caso permanece en absoluta impunidad.
Asesinan al periodista Alejandro Leyva, quien meses antes había denunciado públicamente amenazas del círculo más alto de la política oaxaqueña.
Reporteros Sin Fronteras advierte a Pedro Matías de sentencias de muerte circulando en redes. El Estado reacciona tardíamente asignando policías como medida paliativa.
La normalización del terror
¿Qué nivel de crisis institucional atraviesa Oaxaca cuando son las organizaciones internacionales las que tienen que advertirle a un periodista que su vida corre peligro, mientras los aparatos de inteligencia del gobierno se enteran por las redes sociales?
¿Cómo funciona el Mecanismo de Protección y por qué suele fallar?
Como lector y ciudadano, es vital comprender que asignar un par de policías (escoltas) a un periodista amenazado no es un éxito de seguridad estatal, sino el síntoma de su fracaso. Las medidas cautelares del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas están diseñadas, en la teoría, para prevenir. Sin embargo, en la práctica, operan de forma reactiva. Poner guardaespaldas detrás de un comunicador no desarticula la red criminal ni investiga a los autores intelectuales de la amenaza; únicamente transfiere la carga de la violencia hacia la rutina de la víctima, quien debe vivir confinada y vigilada, mientras sus agresores operan en la impunidad total.
Rendición de cuentas urgente a la FGEO y al Ejecutivo
Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla y Gobernador Salomón Jara: ¿Se abrirá una carpeta de investigación inmediata y transparente, con apoyo de la Policía Cibernética, para dar con la IP y los autores de las amenazas en redes sociales contra Pedro Matías, o se limitarán a mantenerlo vigilado por escoltas hasta que el caso se enfríe o termine en otra tragedia?
