Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- En medio de la resistencia de consejeros y consejas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para frenar la desaparición de ese órgano, el ex secretario general de gobierno y virtual diputado local pluri del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, ya cabildea con los actuales diputados locales para desechar esa posible reforma constitucional y a la ley orgánica del Poder Judicial.
Diputados del partido de la Revolución Democrática, confesaron que el polémico ex dirigente del PRI, ha traicionado al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y ahora busca cabildear legislativamente en su contra y para ello, se ha aliado con diputado federal electo del PT, Benjamín Robles Montoya, para echar a bajo esa reforma, por intereses grupales y económicos.
Por lo pronto, Avilés Álvarez, presiona a diputados, diputadas y al Oficial Mayor, Igmar Medina Matus, para desechar las iniciativas y frenar todo tipo de reforma que de paso a la desaparición del Consejo de la Judicatura.
De su lado, Benjamín Robles Montoya, ex aliado y cercano colaborador del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, en cuyo sexenio se creó el Consejo de la Judicatura, declaró a un medio de comunicación que sería un retroceso la desaparición del Consejo de la Judicatura.
Descalificó que se pretenda justificar la desaparición del Consejo con argumentos de carácter presupuestal.
Justificó que con la desaparición del Consejo de la Judicatura en Oaxaca, las funciones jurisdiccionales y administrativas se concentrarían nuevamente en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y propiciaría la subordinación de los jueces al poder político, el discrecional manejo del presupuesto y la distracción de las autoridades jurisdiccionales en funciones administrativas.
Por lo pronto, dijo que el PT rechaza la presentación de dicha iniciativa de reforma.
Sin embargo, diputados consultados, revelaron que el objetivo de Robles Montoya, podría ser colocar piezas en el Poder Judicial, como lo hizo en órganos autónomos cuando aún era aliado de Cué Monteagudo y cuando fue Senador de la República, colocó al hoy magistrado del Tribunal Electoral del estado de Oaxaca (TEEO), Wilfrido Raymundo López Vázquez.
Para el presente ejercicio fiscal 2018, el Congreso del Estado, aprobó un presupuesto para el Poder Judicial de 819 millones 339 mil 886 pesos; de esos recursos, se destinaron al Tribunal Superior de Justicia 159 millones 280 mil 980 pesos.
Tan solo para el Consejo de la Judicatura son 660 millones 58 mil 906 pesos y la mayor parte se van para sueldos de los magistrados que, en la vía de los hechos, solo se dedican a relaciones públicas y turismo judicial.
Fue por Decreto número 397 publicado en la edición Extra del Periódico Oficial del Estado de 15 de abril del 2011, en el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, cuando entró en vigor la reforma Constitucional incorporando diversas Instituciones, entre ellas el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, como órgano integrante de la estructura administrativa del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca
Sin embargo, se han presentado iniciativas de reforma constitucional, para dar paso a la desaparición del Consejo de la Judicatura, que actualmente es una agencia de empleos con salarios onerosos para sus magistrados integrantes.
En la exposición de motivos del dictamen, se establece que la creación del Consejo de la Judicatura del Estado se indicaba en la necesidad de garantizar los nuevos equilibrios del poder público a través de un Poder Judicial vigorizado que tuviera reconocidas nuevas fortalezas institucionales.
“No se necesitaba crear una institución de esa naturaleza porque desde siempre la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, auxiliada por sus órganos administrativos, había sido y sigue siendo suficiente para atender la problemática administrativa que generan los empleados administrativos y jurisdiccionales que integran este Poder”, sentencia el dictamen.
Justifica el dictamen que si de fortalecimiento del Poder Judicial se trata, la creación de la Sala Constitucional cumple con la finalidad que se le asignó en la reforma, puesto que a la fecha ha dirimido diversos conflictos, sobre todo entre los Ayuntamientos y el Poder Legislativo, y sus decisiones han permitido la convivencia, la cordialidad y la coincidencia entre las instancias municipales y los Poderes del Estado; por ende, la creación y funcionamiento de la Sala Constitucional ha fortalecido las funciones del Poder Judicial como garante de los derechos constitucionales de los individuos y de las instancias estatales.
“No ha sucedido lo mismo con el Consejo de la Judicatura, en virtud de que en su quehacer cotidiano, sus iniciativas, sus programas de gestión y su toma de decisiones se pulverizaron a tal grado que el Poder Judicial el año próximo pasado (2017) pasó por una crisis nunca antes vista en su historia, entre otras cosas, por la falta de insumos, la insuficiencia de personal, el incumplimiento de obligaciones civiles del Poder Judicial y la toma de decisiones tardías”, agrega, al referirse a la gestión del ex magistrado Presidente, Alfredo Lagunas Rivera.
