Hoy nuevamente México está incluido en el calendario de audiencias públicas del 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH); los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el Centro Pro de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan darán cuenta de la Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.
Como sabemos, este informe se presentó el pasado 6 de septiembre y uno de sus más fuertes impactos es que se cuestionó la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR), en el sentido que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero; así como se sugirió una línea de investigación, la del quinto autobús, que abre una posible explicación sobre el feroz ataque contra los estudiantes.
La reacción ha sido tan ambivalente como acostumbra el Estado mexicano: ha dicho que acepta el informe, que se ampliará el plazo de la asistencia técnica del GIEI, que se realizará otro peritaje en Cocula con expertos reconocidos internacionales y del país, incluso ya es oficial la creación de una fiscalía especializada de búsqueda de personas desaparecidas ( DOF, 9/10/15), que no fue la propuesta de los familiares de los normalistas en el no diálogo en que el gobierno convirtió su entrevista con Enrique Peña Nieto fuera del recinto de Los Pinos (24/9/15).Ellos plantearon una unidad especializada de investigación con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están los estudiantes; que se investigue el montaje con que se pretendió engañar a las familias .
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/20/opinion/020a1pol
