Texto: Gabriel Barcelos Sotomaior
Este lunes por la mañana, el gobierno interino boliviano ordenó la expulsión de la embajadora mexicana en Bolivia, Ana Luisa Vallejo, así como de diplomáticos de España que se encuentran en su país.
Los funcionarios tienen 72 horas para abandonar la nación sudamericana luego de un conflicto diplomático que alcanzó su punto máximo el viernes en la Embajada de México en La Paz. Sin embargo, la aparición de diferencias entre los países se remonta al golpe de Estado en Bolivia y la concesión del exilio al presidente electo Evo Morales por parte del gobierno AMLO el 12 de noviembre. La embajada mexicana también albergó a nueve funcionarios gubernamentales legítimos depuestos como protección contra la persecución política y amenaza a la integridad física ante el gobierno interino.
Debido a estos hechos, la embajada de México comenzó a sufrir hostigamiento severo y vigilancia policial, algo que el gobierno mexicano informó a la Corte Internacional de Justicia. La tensión se exacerbó el viernes 27, con la visita diplomática de una delegación de España a la embajada, para verificar las condiciones de los miembros de la administración de Morales. El gobierno interino boliviano, a su vez, señaló que el objetivo de la delegación era evacuar al ex ministro presidencial Juan Ramón Quintana del edificio, lo que los españoles negaron. Con esta justificación, la policía boliviana detuvo a los diplomáticos arrestados en la embajada.
A partir de estos eventos, la autoproclamada presidenta interina Jeanine Añez declaró que «este grupo de representantes han lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia” y ordenó que «abandonen el país en un plazo de 72 horas«. Han sido declarados «persona non grata« a la embajadora de México, María Teresa Mercado, a la encargada de Negocios en España, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández y lo que llamó el «grupo encapuchado», que según ella estaba tratando de ingresar a la embajada.
En represalia por la decisión de Añez, el gobierno español dirigido por Pedro Sánchez ordenó la expulsión de tres diplomáticos bolivianos.
“Decisión es de carácter político”
En un comunicado, el gobierno mexicano se pronunció así sobre la expulsión de su embajadora:
“La Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la Misión. Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento.
El Gobierno de México confirma que el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Derecho Internacional, por lo que considera que esta decisión es de carácter político.”
Golpe de Estado
La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasul) emitió un informe el 4 de diciembre sobre la situación en Bolivia. Según el texto, «la dictadura boliviana, implementada después del golpe de estado contra Evo Morales, ha dejado 32 muertos, 832 heridos y 1,513 detenidos«. Entre las muchas violaciones de derechos humanos, una de las más impactantes fue la tortura de la alcaldesa Patricia Arce, del municipio de Vinto. Después del golpe, los opositores la torturaron en la plaza pública y realizaron una serie de humillaciones: la tiñeron de rojo, le cortaron el cabello y le exigieron que renunciara.
