César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, fue detenido en Miami, Florida, por elementos del Servicio de Alguaciles Federales (US Marshals Service) con base en una orden de detención con fines de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos.
El ex gobernador estaba prófugo desde 2017 y existía en su contra una ficha roja emitida por Interpol, por lo que era buscado en 195 países.
En las próximas 72 horas, Duarte será presentado ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales es requerido por el gobierno de México
El ex gobernador enfrenta al menos 20 órdenes de aprehensión libradas por jueces del orden común, solicitadas por la fiscalía de Chihuahua, por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, derivado de desvíos de recursos públicos por mil 200 millones de pesos, dinero que presuntamente fue a parar a las campañas electorales del PRI. También se le acusa de enriquecimiento ilícito.
A escala federal enfrenta una acusación por peculado electoral por 14 millones de pesos, acusación que le imputó la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), porque retuvo un porcentaje de los salarios de los trabajadores del gobierno del estado para entregárselos directamente al PRI.
Con la detención del ex gobernador se abre un nuevo frente contra el ex presidente Enrique Peña Nieto, integrantes de su gabinete y priistas de todos los niveles.
Según la fiscalía de Chihuahua, el ex mandatario chihuahuense participó en la operación Safiro, en la que junto con sus homólogos de Sonora, Colima, Durango, Estado de México y Morelos, así como con priistas de la alcaldía de Milpa Alta desviaron 650 millones de pesos para la elección de 2015 a través de 12 empresas fantasma que estaban blindadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda que encabezaba Luis Videgaray.
Si Duarte se adhiere al criterio de oportunidad, como lo hizo esta misma semana Emilio Lozoya, ex director de Pemex, podría delatar a otros priistas de distintos niveles que tuvieron participación o conocimiento de los desvíos.
Además de funcionarios públicos señalados como parte de la operación, como Luis Videgaray; Aristóteles Núñez, ex titular del SAT, o incluso el ex presidente Peña Nieto y funcionarios de la PGR que le otorgaron un “perdón” por la comisión de los delitos.
FGR LO PIDIÓ
La Fiscalía General de la República aseguró que la orden de detención provisional con fines de extradición fue solicitada por la actual administración, y acusó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto el caso se mantuvo inactivo.
La dependencia federal indicó que en 2018 el gobierno de Chihuahua presentó ante la PGR las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta ese momento contra César Duarte por diversos delitos.
Sin embargo, durante todo ese año la PGR, en la administración anterior, mantuvo inactivo el caso.
La investigación que inició la fiscalía de Chihuahua contra el ex gobernador fue uno de los casos que más confrontaciones políticas generó en el sexenio pasado, donde incluso se señaló al entonces presidente Peña Nieto de proteger a su correligionario con todo el aparato del Estado.
El gobernador chihuahuense, Javier Corral, no solo arremetió contra Peña Nieto, sino también contra la PGR y la Suprema Corte de Justicia, esta última por las resoluciones judiciales dictadas por magistrados y jueces federales.
En marzo de 2018, la PGR determinó no ejercer acción penal contra Duarte, denunciado penalmente en 2014 como probable responsable de lavado de dinero, defraudación fiscal y delito bancario en agravio de Banco Progreso.
También resolvió no ejercer acción penal contra Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de la entidad, acusado por los mismos actos ilícitos.
Actualmente solo existe una acusación a escala federal que derivó en una orden de aprehensión contra el ex mandatario estatal, la cual fue obtenida por la Fepade cuando Santiago Nieto Castillo era su titular, quien responsabilizó a Duarte por un presunto delito de peculado electoral por 14 millones de pesos, delito que no es grave.
En marzo de 2018, el acuerdo ministerial fue notificado oficialmente a Jaime García, fundador de Unión Ciudadana en Chihuahua, quien presentó la denuncia contra Duarte y Herrera cuando se encontraban en funciones.
En el oficio PGR/UEAF/DG/582/2018 derivado de la averiguación previa AP/PGR/UEAF/001/2014-09, María Elena Velasco Ramírez, agente del Ministerio Público Federal comisionada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero, sometió la propuesta de no ejercicio de la acción penal contra César Duarte y el ex secretario de Hacienda estatal.
Leer más: https://www.milenio.com/policia/cesar-duarte-detenido-anos-ficha-roja
