El proyecto del Corredor Cultural Chapultepec impulsado por el Gobierno del Distrito Federal, ha generado ya un conflicto social entre la administración capitalina y vecinos, comerciantes, organizaciones civiles y especialistas, y las objeciones a la obra se refieren tanto a la forma como al fondo.
De lo primero se señala que el corredor fue decidido sin consultar en forma alguna a la ciudadanía y que se gestiona de manera opaca, sin concurso público de por medio ni evaluación de distintas ofertas.
Las oficinas del Distrito Federal parecen urgidas de otorgar licencias de construcción que no tienen en cuenta aspectos ambientales, de movilidad, de mecánica de suelos ni de abasto de servicios básicos, y ello se ha traducido en una ciudad más caótica y hostil de lo que ya era hace tres años.
Ciertamente, el Corredor Cultural Chapultepec no es un caso aislado de discrecionalidad ni de supeditación a intereses financieros y comerciales del actual gobierno del Distrito Federal; por el contrario, se inscribe en una tendencia inocultable a la aprobación de infinidad de construcciones –centros comerciales y edificios, en particular– que generan graves afectaciones a la urbe y a la vida de sus barrios y colonias.
De lo segundo se afirma que el espacio urbano proyectado no es cultural, sino comercial –lo que implica un factor de falsedad y demagogia en el proyecto–, y que afectará negativamente, en caso de concretarse, a habitantes, comerciantes, transeúntes, ciclistas y usuarios de transporte público.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/10/12/opinion/002a1edi
