Jaime GUERRERO
Pese a que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la Controversia Constitucional y suspendió provisionalmente, el decreto de reforma constitucional por el que se disolvió el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca, el máximo tribunal, no tumbó la designación y ratificación de los servidores públicos que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca.
El pasado 22 de julio, una vez reformada la Constitución por parte de la LXV Legislatura, publicada en el diario oficial, facultando al gobernador Salomón Jara Cruz a realizar la designaciones, el pleno del Congreso ratificó a Mateo Martínez Martínez, quien es el presidente del nuevo órgano jurisdiccional.
También, el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia, ex procurador de Justicia y ex contralor del ex gobernador,
Gabino Cué, Manuel de Jesús López López; la ex directora Jurídica y ex titular del Órgano Interno de Control del Congreso local, Itzel Espinoza Rojas.
Amparo Arias Rivas, abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).
Raúl Oswaldo Bernal Flores, ex visitador General del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y ex juez de Circuito de Valles Centrales, Javier Martín Villanueva Hernández, quien fue ratificado en el cargo y Anneliese Danae Echeverría Clavel, ex abogada auxiliar de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Ha lugar a negar la medida cautelar por lo que toca a la designación y ratificación de los servidores públicos que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en virtud de que esos actos ya tuvieron verificativo el veintidós de julio del año en curso, como lo reconoce el propio promovente, por lo que se trata de actos consumados que por ello, ya no son susceptibles de suspensión; aunado a que de concederse la medida implicaría otorgar efectos constitutivos de derecho a la medida cautelar”, establecieron los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de La Corte.
En el documento, se establece que resulta improcedente otorgar la medida cautelar en los términos solicitados por el magistrado Presidente del TJAO, Manuel Velasco, pues de hacerlo se adelantaría el pronunciamiento consistente en que la designación y la ratificación de los servidores públicos en el nuevo tribunal, lo cual constituyen una notoria violación.
“Lo cual no puede ser materia de pronunciamiento cautelar, sino, en todo caso, de la sentencia que en su oportunidad se dicte”, plasma.
Y es que la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) admitió a trámite la Controversia Constitucional 396/2023, que impugna el decreto por el que se sustituye el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de dicha entidad, aprobado el sábado 22 de julio por el la LXV Legislatura del Congreso de Oaxaca.
Los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de La Corte, concedieron la suspensión del decreto para que las magistradas y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Oaxaca sigan en el cargo que les fue conferido y no les sustituyan las personas nombradas en esta sesión extraordinaria, no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y no se les interrumpa el pago de sus percepciones.
Los magistrados que fueron restituidos por decisión de la comisión de receso de la corte son: Manuel Velasco Alcántara, Elías Cortés López, Gloria del Carmen Camacho Meza y Paulo Tapia Palacios.
Además, Abraham Santiago Soriano, titular de la Primera Sala Unitaria; y Tania Ramos Martínez, titular de la Tercera Sala.
También, la titular de la Cuarta Sala Unitaria, Alejandra Georgina Villacaña Abascal; Quinta Sala Unitaria, Virginia Hernández Hernández; Sexta Sala Unitaria, Camelia Gaspar Martinez, y de la Sala Especializada Anticorrupción, Eduardo Calvo Ziga.
“Ante todo, se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal y evitar una vulneración del derecho humano a la impartición de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional, ya que esta medida cautelar también tiene por efecto que las funciones del actual Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no se modifiquen y que el Congreso se abstenga de realizar la reasignación presupuestal que ordena el decreto cuestionado”, plasma el comunicado. Conforme al procedimiento establecido, La Corte comenzará a analizar si la reforma de la que derivó el decreto impugnado siguió el procedimiento legislativo que se define en la Constitución y, en su caso, si el contenido del decreto cumple con los principios establecidos en ésta.
Por su parte, el consejero jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero, aclaró que la reforma constitucional sí fue publicada en el Diario Oficial y por tanto son verdades a medias las que se plasmaron en la controversia constitucional presentada.
